El Gobierno oficializó este lunes la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, tras el fracaso para aprobar una nueva ley de leyes con tintes liberales en el Congreso de la Nación.
Por segundo año consecutivo, Milei prorrogó la hoja de ruta económica del 2023 tras decidir no convocar sesiones extraordinarias para tratar el proyecto propio, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores le reclaman a Milei más recursos y pagos de deudas que atentan contra la premisa del déficit cero del mandatario liberal.
Los reclamos significarían un total de 3.700 millones de dólares para la Casa Rosada que, según explican desde Balcarce 50, “no hay”. Frente a este escenario, desde el oficialismo buscará seguir negociando con los mandatarios provinciales, a quienes les endilga la responsabilidad de que el texto salga o no.
Si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes.
Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero, lo que le otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado.