El Municipio busca retirar el comercio del lugar debido a la remodelación de plaza Rocha en La Plata, una medida que los trabajadores no ven con buenos ojos
Un nuevo foco de conflicto sacude la emblemática plaza Rocha, en el corazón de La Plata, donde el puesto verde, un tradicional local de comidas con casi 30 años de historia en el lugar, se encuentra en la mira de la gestión local de Julio Alak.
Las autoridades de la Municipalidad de La Plata buscan desalojarlo como parte de un plan de reordenamiento del espacio público, pero tanto los trabajadores como los dueños del establecimiento se resisten firmemente a la medida, generando una creciente tensión en la zona.
El comercio, ubicado estratégicamente en la plaza delimitada por las calles 7, 60, y las diagonales 77 y 78, ha sido durante décadas un punto de referencia para vecinos, estudiantes y trabajadores que transitan diariamente por el área. Más allá de eso, la Comuna argumenta que su remoción es necesaria para avanzar en las obras de remodelación en este espacio verde.
"Este puesto lleva casi 30 años acá, es parte de la identidad de la plaza. No nos pueden sacar así nomás, sin diálogo ni soluciones. Vivimos de esto y no vamos a dejar que nos echen", expresó un trabajador.
La situación escaló en las últimas horas, cuando se reportaron momentos de tensión entre los ocupantes del puesto verde y agentes municipales que habrían intentado avanzar con la medida. Vecinos y habitués del lugar también se sumaron a la defensa del local.
Las obras de remodelación en Plaza Rocha, en 7 y 60, lejos de generar entusiasmo, desataron una ola de críticas y malestar. Entre el ruido de las máquinas, el vallado que corta el paso y las eternas promesas de un espacio renovado, la paciencia de los vecinos de La Plata se agotó.
El proyecto, impulsado por la Municipalidad a cargo de Julio Alak, promete baldosas graníticas, juegos infantiles modernos y una plaza digna de su historia, pero los residentes del barrio no están muy ilusionados con esto.
La obra, adjudicada a INSA S.A. por casi $997 millones, tiene un plazo estimado de cuatro meses, pero la desconfianza reina. Muchos denuncian que la intervención parece más un capricho estético que una solución real.