Pasó un mes desde que estalló el escándalo del fentanilo contaminado que, según datos oficiales, causó la muerte de al menos 34 pacientes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 18 ocurrieron en la ciudad de La Plata. Sin embargo, a pesar del impacto sanitario y judicial que provocó la noticia, la causa no avanza. No hay imputados, no se citó aún a declarar a los familiares de las víctimas fatales, y reina el hermetismo. Un silencio que llama la atención y que, según pudo saber El Editor Platense por fuentes con acceso al expediente, no es casual.
El caso, que estremece por la cantidad de muertes evitables y por el nivel de desidia involucrada, está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, hermano del actual ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Esa coincidencia de apellidos, que en otras circunstancias pasaría inadvertida, genera ruido en un expediente plagado de zonas grises y sospechas de encubrimiento político. “No nos atienden ni el teléfono”, se quejó Sol, la mamá de Renato, un chico de 18 años que murió luego de recibir un tratamiento con el fentanilo contaminado. Sol se presentó como querellante, pero aún no fue citada. “Ni siquiera me llamaron a declarar”, contó.
La investigación expone una feroz interna entre empresarios del rubro farmacéutico, operadores judiciales y exfuncionarios. En ese entramado aparece un nombre que incomoda a todos: Andrés Quinteros, exdiputado provincial, exconcejal de San Nicolás y actual dirigente del PJ bonaerense. Aunque públicamente negó cualquier vínculo con las firmas involucradas, su nombre figura en documentos oficiales como apoderado de Laboratorios Ramallo y como jefe de Productos Regulados de HLB Pharma Group, dos de las empresas señaladas por la elaboración y distribución del fentanilo adulterado.
Quinteros, el supuesto “instigador” que se dice ajeno
En los últimos meses, testigos clave declararon ante la justicia de San Nicolás, en un expediente que se tramita en paralelo, que Quinteros habría intentado manipular a exempleados para presentar denuncias falsas contra otros directivos de Laboratorios Ramallo, firma hoy clausurada. Según la declaración de un extrabajador, Quinteros le pidió que denunciara a uno de los hermanos dueños de la empresa por abuso sexual hacia su esposa. Pero no quedó ahí: también le ofreció “balas y un arma” para asesinarlo. “Le dije que estaba loco”, relató el testigo, quien agregó que, tras separarse de su mujer, Quinteros intentó contactarla para que sumara nuevas denuncias.
Otro testimonio, el de una extrabajadora del laboratorio, sostiene que el exlegislador le ofreció un abogado y la presionó para que acusara por acoso a uno de sus antiguos jefes, con quien había tenido una relación sentimental consentida. Según su relato, firmó una denuncia sin saber exactamente qué decía. “Después me insistía con que tenía que denunciar en la ANMAT que en el laboratorio hacían todo mal”, dijo.
Lo más llamativo es que, pese a esas declaraciones, la Justicia no lo citó todavía. Ni siquiera como testigo. Y eso que un documento oficial —una disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura— lo identifica como jefe de Productos Regulados de HLB Pharma Group. En ese mismo texto se lo señala como el responsable de haber “consumido en su totalidad” una partida de alcohol etílico que debía ser retenida como muestra. Por esa irregularidad recibió una multa, de monto irrisorio, que la empresa asumió "en forma solidaria".
Denuncias cruzadas y una trazabilidad bajo sospecha
El laboratorio HLB Pharma, en el ojo del escándalo, no es el único apuntado. La trazabilidad del producto -es decir, el recorrido desde la producción hasta el paciente- aparece como un punto crítico que permitió la circulación de medicamentos contaminados con las peligrosas bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa (Mlb), sin que se activaran a tiempo las alarmas.
Uno de los principales protagonistas es Ariel García Furfano, dueño de laboratorios que vendieron ampollas que luego ingresaron al circuito formal. Algunas de ellas llegaron al Hospital Italiano de La Plata en diciembre de 2024. Todos esos lotes ya fueron retirados de los centros de salud y fueron llevados a analizar por el Instituto Malbrán, aunque para entonces ya era demasiado tarde.
Furfano ya había sido denunciado por la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (CAPGEN) por irregularidades en el abastecimiento de insumos, y su nombre figura en otras causas por operar con productos próximos al vencimiento o con registros dudosos.
La semana pasada, Furfano presentó un escrito ante el juzgado federal para deslindar responsabilidades. En ese documento, apuntó directamente contra Andrés Quinteros, a quien identificó como proveedor intermediario y responsable de haberle entregado documentación falsa. “Yo no adulteré ni falsifiqué nada”, aseguró. Y agregó: “La documentación de origen fue provista por Quinteros, quien aseguró que los lotes contaban con respaldo legal. Nunca tuve motivos para sospechar que algo estuviera fuera de norma”.
Sin embargo, según fuentes judiciales, Furfano no logró demostrar de forma fehaciente la trazabilidad del fentanilo que distribuyó. Parte de la documentación entregada fue considerada apócrifa o inconsistente con los registros de ANMAT, lo que compromete aún más su situación. La fiscalía evalúa imputarlo por "comercialización de medicamentos peligrosos para la salud pública", una figura agravada si se comprueba negligencia grave o conocimiento del riesgo.
La causa también podría escalar hacia otros sectores del sistema de salud si se confirma que hubo omisiones deliberadas en los controles. Por lo pronto, la jueza federal pidió a la ANMAT informes ampliados sobre las auditorías realizadas no solo en HLB Pharma, sino también en las droguerías y laboratorios vinculados a García Furfano y a otros actores del entramado. La lupa está puesta, más que nunca, sobre los eslabones menos visibles de la cadena: intermediarios, distribuidores y pequeños laboratorios que escapan a los controles sistemáticos.
Una interna feroz y muchas preguntas sin respuesta
Todo parece indicar que el drama del fentanilo contaminado no fue solo el resultado de una negligencia industrial. Detrás hay operaciones, sabotajes, denuncias cruzadas y una guerra de egos entre dirigentes que se disputan poder e influencia dentro del PJ bonaerense. Y eso se traduce en una causa judicial que no avanza, pese a las pruebas ya incorporadas al expediente.
“No sé si Quinteros quiso ensuciar a los otros para quedarse con el laboratorio, o si está cubriendo a alguien más arriba. Pero está claro que algo se está tapando”, comentó a El Editor Platense una fuente con conocimiento directo del expediente. Según esa misma voz, hay “presiones políticas muy fuertes” para que la causa no escale.
La familia propietaria actual del laboratorio también está bajo la lupa. Uno de sus miembros -identificado como D. X. en los testimonios- fue acusado por fallas en la producción del fentanilo, pero por ahora no enfrenta cargos formales. La sospecha de fallas graves en los controles internos y en la cadena de distribución es contundente. Aun así, nadie fue citado a indagatoria.
El expediente parece dormido en un cajón del Juzgado Federal de La Plata. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen esperando. Algunos intentaron impulsar la causa por vía particular, pero ni siquiera lograron ser reconocidos como querellantes.
