Un grupo de 24 policías bonaerenses fue desafectado del servicio por integrar una presunta estructura político-partidaria vinculada a La Libertad Avanza. La decisión, tomada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y formalizada a través de las resoluciones 06840 y 06912, expuso una vez más las tensiones internas de una fuerza atravesada por intereses cruzados, y reavivó el conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y la gestión nacional que encabeza Patricia Bullrich.
Según consta en el expediente administrativo, los efectivos habrían incurrido en una “conducta disciplinaria” grave, al utilizar recursos públicos, oficinas policiales y herramientas institucionales con fines proselitistas.
Todo explotó a principios de julio, cuando el gobierno bonaerense decidió cesantear a los 24 efectivos, algunos con jerarquías altas, que fueron descubiertos compartiendo un asado en Florencio Varela donde no se habló de operativos ni de patrullajes, sino de cómo “reescribir la historia de nuestra policía”. Detrás de la organización de esa juntada estaba el flamante aliado en territorio bonaerense de Patricia Bullrich, el excomisario y ahora candidato Maximiliano Bondarenko.
El dato político es que todos los desafectados trabajaban, directa o indirectamente, para la campaña de Bondarenko. El dato todavía más político es que la mitad venía operando desde la sede de la Policía Ecológica, una dependencia creada para combatir y prevenir delitos ambientales.
Según confirmaron fuentes con acceso a la causa, todo empezó con una denuncia anónima, pero contundente. Asuntos Internos entró con auditorías preventivas y encontró de todo: documentos partidarios, protector de pantalla con el logo de LLA, pedidos de informes policiales dirigidos a municipios con membrete de campaña. En paralelo, los chats del grupo de WhatsApp “The Rockets” dejaban en evidencia la coordinación. Uno de los mensajes da cuenta de una reunión con la “mesa chica” del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la intención de “reescribir la historia de nuestra policía”.
“Buenas noches queridos amigos! Hace una rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra que mencioné fue el claro reflejo de lo que me transmitieron y de lo que somos ”buenos policías”, dijo Bondarenko en el chat grupal. Y añadió: “Este es un largo camino, camino que recién comienza. Es un camino donde podemos reescribir la historia de nuestra policía y sobre todo de la seguridad!“.
A partir de ahí, se activaron los mecanismos internos a través de dos resoluciones –06840 y 06912– que dejaron afuera del servicio a los 24 involucrados, les quitaron el arma reglamentaria y los credenciales, y los pusieron a cobrar el 50% del sueldo mientras dure el sumario.
“Se verifica una conducta incompatible con el ejercicio de la función policial”, dice la resolución a la que accedió El Editor Platense. A partir de su emisión, Asuntos Internos tiene 90 días para decidir si los pasan a disponibilidad o si directamente los echan.
La normativa que regula el accionar policial en la provincia, específicamente el artículo 202 del Decreto 1050/09, es clara y sostiene que está prohibido el uso de funciones policiales, recursos o información institucional para fines políticos o partidarios. En esa transgresión se basa la medida administrativa.
El gobierno bonaerense también giró la denuncia a la Justicia penal. Pero con la feria judicial de por medio, por ahora el fiscal Álvaro Garganta apenas comenzó a recabar pruebas. “Armaron una estructura que funciona como una consultora política”, lanzó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Y no exageraba, ya que se comprobó que los oficiales no solo asesoraban a concejales y senadores libertarios sobre seguridad, sino que filtraban información sensible del Ministerio, organizaban actos y hasta pedían informes como si fueran militantes de base con acceso privilegiado. Todo desde computadoras oficiales.
El propio Bondarenko, que tiene causas judiciales por usurpación y es padrino del hijo de uno de los principales desafectados, se mostró “hasta las lágrimas” por la decisión, y en un intento de defenderse dijo que fue una “cacería de brujas” y que los echaron “por compartir un asado”.
Pero para el gobierno no fue un asado cualquiera. Todo sucedió en la casa del Comisario Mayor Ignacio Ortiz Valenzuela, jefe de la Policía Ecológica y padrino del ahijado de Bondarenko. De ahí salieron los 24 implicados. Una cena de camaradería devenida en “célula libertaria”.
Bullrich al rescate
Como era previsible, Patricia Bullrich no tardó en aprovechar el escándalo. Recibió a Bondarenko con fotos, sonrisas y declaraciones explosivas, y acusó a Kicillof de “odiar a la Policía” y de estar “del lado de los delincuentes”. De paso, denunció “espionaje ilegal” por parte del gobierno bonaerense.
Desde el Ministerio de Seguridad nacional también presentaron una denuncia por “persecución ideológica” y “abuso de autoridad”, encabezada por el abogado Fernando Soto. Para ellos, lo que está haciendo Kicillof es “marcar enemigos internos”, usando métodos de inteligencia estatal para atacar a quienes no le responden políticamente.
¿Y ahora?
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, lo que deja este episodio no es solo un sumario administrativo, sino una postal de las internas que atraviesan a la Bonaerense y de cómo la policía, lejos de estar profesionalizada, sigue siendo un espacio de poder político. Kicillof hereda una fuerza que fue acusada por décadas de connivencia con el delito, punteros, de manejar la famosa “caja negra” y ahora se suma a la lista una supuesta militancia libertaria organizada. La Bonaerense, otra vez, juega su propia interna como ya lo hizo en 2020.
“La gravedad institucional del episodio radica en la subordinación funcional de personal policial a un referente político, incluso en retiro”, señaló una fuente. Es que, todos los agentes involucrados pertenecían a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de La Plata, una dependencia que, según el ministro Alonso, se transformó en una base de operaciones políticas.
Uno por uno, los policías cesanteados e investigados
- Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, comisario Mayor,, Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.
- Gustavo Adrián Herrera, comisario Inspector, Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.
- Hildo Javier Vázquez, comisario Inspector, División Operaciones con Materiales Peligrosos.
- José Luis Rodríguez, comisario Inspector, División Investigaciones de Delitos Ambientales.
- Ignacio Martín Candia, comisario Inspector, Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.
- Claudio Ezequiel González, comisario, Secretaría de Coordinación Técnica Judicial en Investigación de Delitos Ambientales.
- Pablo Andrés Yotoff, comisario, Secretaría de Verificación de Interferencias Radiales.
- Nicolás Facundo Nixdorff, comisario, Delegación Ecológica Tres de Febrero.
- José Víctor González, comisario, Secretaría de Operaciones (Ecológicas).
- Eduardo Javier Quero, subcomisario, Delegación Ecológica Tandil.
- Lucas Emiliano Alincastro, subcomisario, Delegación Ecológica Tres de Febrero.
- Eduardo Daniel Sosa, subcomisario, Delegación Ecológica Avellaneda.
- Pedro Ricardo Leonel Andrada Gieco, subcomisario, Delegación Ecológica Tres de Febrero.
- Ricardo Aníbal Quintana, subcomisario, Delegación Ecológica Tres de Febrero.
- Ezequiel Germán Gallotti, oficial Principal, Delegación Ecológica San Nicolás.
- Nadia Iris Carrizo, oficial Principal, Secretaría de Operaciones (Ecológicas).
- Emiliano Miguel Herrera, oficial Subinspector, División Investigaciones de Delitos Ambientales.
- Juan Eduardo Borja, oficial Ayudante, secretaría de Ecológicas.
- Denis Enzo Flores, oficial Ayudante, secretaría de Coordinación Técnica Judicial en Investigación de Delitos Ambientales.
- Elvio Adán López, mayor (Escalafón General), Delegación Ecológica La Plata.
- Gonzalo Federico Verón Cuenca, teniente Primero (Escalafón General), Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.
- Gustavo Alejandro Parra, teniente (Escalafón General), División Investigaciones de Delitos Ambientales.
- Gustavo Javier Bernal, comisario, Secretaría de Ecológicas.
- Marta Estela Ferreira, subcomisario, División Operaciones con Materiales Peligrosos.
