A doce meses de la explosiva denuncia por corrupción en la sede de PAMI La Plata, presentada por la exfuncionaria Viviana Aguirre, el expediente continúa sin imputaciones, con pocos avances y bajo un hermetismo que incomoda tanto a la política como a la Justicia. La causa, que expone una supuesta red de aportes ilegales, cobros indebidos, sobreprecios y muertes evitables en geriátricos, apunta directamente al principal armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei.
La denuncia, presentada en junio de 2024, expuso un entramado de recaudación interna para financiar al partido libertario de la cual Aguirre formaba parte. Ella era la excoordinadora contable de la UGL VII y declaró que fue desplazada del cargo tras negarse a firmar documentación irregular y rechazar pedidos de "retornos" de hasta un millón de pesos por parte de operadores cercanos a Pareja. También asegura que le armaron una causa falsa para intimidarla.
Según pudo reconstruir este medio, recién la semana pasada –tras un año de parálisis– comenzaron a tomar declaración a los primeros testigos propuestos por Aguirre. Además, se habrían adoptado otras medidas de prueba, aunque las fuentes judiciales se negaron a precisar detalles. La causa, que tramita en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral, parece moverse con más cautela que decisión.
Un sistema aceitado de recaudación
En declaraciones a El Editor Platense, Aguirre relató que fue apartada después de negarse a firmar expedientes con aparentes sobreprecios y por denunciar públicamente el desvío de fondos. “Me pidieron medio millón de pesos de mi sueldo para la causa del partido y que como jefa política también le exija un millón al director local. Yo no tenía problema en aportar para el partido, porque yo los apoyé en las elecciones y creía en ellos. Obviamente, era todo en negro y no sabíamos a dónde iba el dinero y me negué”, sostuvo.
Entre los implicados menciona a Juan Esteban Osaba, operador político cercano a Pareja; a su hermana, Lucrecia Osaba; a Emiliano Rossi y otros miembros del organismo, que serían infiltrados “K” que todavía se mantienen en el poder a pesar del cambio de gestión. Según su testimonio, los funcionarios realizaban maniobras como la venta de cargos y la firma de contratos con prestadores que luego eran beneficiados con pagos exorbitantes bajo el mecanismo de “vía de excepción”.
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Esta figura, reservada para casos médicos urgentes donde está en riesgo la vida del paciente, permitía realizar contrataciones sin licitación y con pagos inmediatos. Bajo esta excusa, se aprobaban servicios, estudios, traslados o prótesis con valores inflados hasta en un 700%. Por ejemplo, una operación de marcapasos que normalmente costaba 200 mil pesos, podía ser facturada por más de un millón si se tramitaba como urgente.
La urgencia, sin embargo, muchas veces era ficticia. Según Aguirre, se detectaron solicitudes de estudios médicos y tratamientos en pacientes que no requerían atención inmediata, pero que eran presentados como casos críticos para justificar los sobreprecios. En otras oportunidades, directamente se habrían facturado prácticas que no se realizaban o servicios que no se brindaban.
Otra de las maniobras que fue denunciada era el cobro indebido a los afiliados por cirugías oftalmológicas que estaban cubiertas al 100% por PAMI. Sin embargo, le pedían 70 mil pesos a cada jubilado y ese dinero, se presume, se repartía entre los funcionarios del organismo y los centros médicos. Esto derivó en una multa hacia el Instituto Médico Platense, al cual penalizaron y les cobraron $3.000.000 como resarcimiento.
Lo más grave de esta causa es que los geriátricos eran otro de los focos del desmanejo. Aguirre documentó casos de desnutrición, muertes encubiertas y condiciones edilicias deplorables. Denunció, por ejemplo, que en el geriátrico San Nicolás una afiliada murió por falta de alimentos. “Les daban polenta con carcasa de pollo y agua sucia. Se les caía el techo, las habitaciones se llovían y los abuelos se guiaban por las paredes porque no había luces”, contó. A pesar de las alertas, según dijo, desde PAMI Central se negaron a enviar auditores. “Me advirtieron que me iba a prender fuego si hablaba con los medios”, denunció.
Telegram, amenazas y archivos borrados
El testimonio de Aguirre también detalla el uso de Telegram con mensajes autodestructivos como canal de comunicación oficial para esquivar posibles interceptaciones. Según consta en la denuncia, Pareja habría amenazado indirectamente a través de intermediarios para que no continúe con las revelaciones. “Le avisaron que si no acataba las órdenes, la iban a sacar del partido”, reza uno de los fragmentos.
Raúl Simonetto, exdirector de la UGL VII, acompañó algunas de las acusaciones. En su escrito denunció el saqueo de información sensible por parte de supuestos enviados de PAMI Central sin legajo ni designación formal, y confirmó haber recibido presiones para designar personal sin concurso previo.
Los nombres de Esteban Leguizamo (director nacional) y Carlos Zamparolo (número dos) aparecen reiteradamente en las denuncias. Según los testimonios, todas las decisiones pasaban por ellos, pero no sin antes consultarle a Sebastián Pareja, hoy en el ojo de la tormenta.
En el actual contexto de elecciones legislativas, la causa cobra otra dimensión. La Libertad Avanza necesita consolidarse en la provincia de Buenos Aires y este escándalo podría golpear su armado. En este marco, la demora judicial genera sospechas. “Están esperando que baje la espuma”, deslizó Aguirre.
La diputada también anunció que pedirá la recusación del juez Ramos Padilla. Desde el entorno judicial no se brindó mayor información. “Se están tomando medidas de prueba”, dijeron escuetamente a este medio. Mientras tanto, el expediente permanece encajonado en el edificio de 8 y 51.
En paralelo, el PAMI difundió recientemente un comunicado oficial prometiendo que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”. Pero el mensaje contrasta con el cúmulo de denuncias por irregularidades, falta de controles y presiones internas.
En plena campaña, el caso sigue generando ruido. Las víctimas son, como siempre, los más vulnerables: los jubilados. Y la pregunta inevitable es si la Justicia actuará antes de que la política vuelva a meter la causa en un cajón cerrado con llave.
