Después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hiciera un llamado a reconocer y solventar los problemas de racismo de la policía francesa, desde el Gobierno criticaron la actitud de la organización.
Las autoridades del país europeo calificaron de “excesivas” e “infundadas” las acusaciones respecto a las fuerzas de seguridad, que se han encargado de frenar los disturbios que se dieron tras el asesinato de Nahel, un joven de 17 años, en manos de los uniformados.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le había exigido a Francia “una legislación que defina y prohíba la categorización racial”, así como que se frene el uso desmedido de la fuerza.
Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, de conocer alguna situación de discriminación por parte de los agentes, “es objeto de una sanción administrativa o judicial”.