Hace unas semanas comenzó el juicio hacia Jair Bolsonaro, en el que se dictaminó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años. Durante su última declaración a la Policía Federal en Brasilia, el expresidente negó los cargos que se le imputaron.
El proceso indagatorio duró casi tres horas, el político aseguró a la Justicia, así como a los periodistas, que “no había ningún plan” para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien resultó ganador en los comicios de 2022.
El líder ultraconservador y de extrema derecha también dijo que es “fantasioso” aseverar que el asalto al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto se trató de un golpe de Estado.
“No se hace un golpe de Estado un domingo, con todos los edificios públicos vacíos”, sentenció y reveló que quienes entraron por la fuerza al sitio gubernamental “eran personas de bien con la Biblia en la mano”.
También pidió que los verdaderos responsables “respondan por sus actos”.
Sin embargo, el relato de Bolsonaro tiene una fuerte contradicción por parte de quien era su aliado, Marcos do Val, ya que el senador declaró a principios de año que sostuvo una supuesta reunión con el expresidente y un exdiputado, en diciembre de 2022, con el fin de “armar un plan” para impedir la toma de mando de Lula.
Según contó, se trataba de grabar en secreto al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, mientras este decía alguna información comprometedora.
Después de ofrecer su contundente testimonio, se descubrió que existen inconsistencias en el mismo. El exfuncionario expresó a la revista Veja que Jair Bolsonaro había sido quien presentó el plan, en medio de un encuentro en la residencia oficial de la Alvorada; pero semanas después, Do Val afirmó que el expresidente estuvo en la reunión en silencio.
Por su parte, los grupos a favor de Bolsonaro acusaron a la Justicia de interceder en la campaña electoral del año pasado, con el objetivo de favorecer a Lula, quien resultó vencedor en las elecciones y asumió en enero de 2023.
En ese marco, el país que está fuertemente divido se mantiene en vilo hasta que se termine el proceso judicial.
Cabe destacar que el expresidente está siendo investigado por ‘abuso de poder’, porque se encargó de difundir fake news y datos cuestionables sobre el sistema electoral brasilero, ante medios de comunicación y organizaciones internacionales.