El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo decreto presidencial mediante el que buscaría eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos. Es decir, las personas que no se autoperciben con los géneros femenino y masculino ya no podrán elegir su identidad. Desde Casa Rosada fortalecen el discurso de la “batalla cultural” que se instaló durante la campaña y profundizó en los últimos meses, con el lanzamiento de agrupaciones que tendrán como misión dar la disputa en las redes sociales.
Esta medida, que se podría oficializar en los próximos días, se suma a la prohibición del lenguaje inclusivo, al desfinanciamiento de programas de salud reproductiva y el cierre definitivo del Ministerio de las Mujeres, lo que posicionó a Argentina como un país cada vez más restrictivo en materia de derechos humanos. Es importante resaltar que el DNI no binario es un derecho consagrado en el marco de la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012 e implementada desde 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
Según los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.700 solicitaron el cambio de su documento. Sin embargo, desde el Gobierno informaron que no van a inhabilitar los cambios de género pero, las personas que lo tramiten tendrán que elegir entre masculino o femenino.
Con estos anuncios se abren diferentes incógnitas, tales como qué sucederá con aquellas personas que ya cambiaron su identidad, qué medidas tomará el Gobierno para evitar la exclusión de las personas del colectivo LGTTBIQ+, sobretodo en términos políticos y sociales y, en ese sentido, qué acciones tomarán las personas afectadas para poder ser escuchadas e incluidas en una gestión que por el contrario, busca confrontar y desestimar sus demandas. Por eso, este medio dialogó con Greta Courvoisier, directora de Diversidad y Programas Especiales de la Municipalidad de La Plata, además de militante y activista por los derechos de las mujeres y disidencias, para saber qué respuestas tienen por parte de la comuna, ante el vaciamiento en términos de derechos a nivel nacional.
En primer lugar, hizo referencia a que a la gestión “les faltó trabajar sobre la batalla cultural y la idiosincrasia argentina", y teniendo eso como precedente resaltó la importancia de “evaluar que lo que se está haciendo hoy desde la gestión nacional es dar la batalla cultural desde un lugar de recorte de derechos, lo que considero es un atentado a la identidad de género”. Además, “esto va a desencadenar automáticamente en judicializaciones constantes por parte de las personas que quieran acceder a su identidad y no puedan”.
Por otro lado, habló sobre la discusión que llevan adelante a nivel nacional dentro de la frente de organizaciones Orgullo y Lucha al respecto, y apuntó: “¿Qué le vamos a suprimir el derecho personal también? La constitución de prenombre, apellido y género hacen a los derechos personalísimos que están constituidos en el Código Civil y Comercial. Por eso, la modificación tiene que ser explícitamente con justos fundamentos, en este caso la ley de identidad de género, habilita a constituir y a modificarlos”. Asimismo, sostuvo que “no es lo único que se está atacando, es el más visible, pero no es el único”, por eso, recordó “la expulsión de todas las compañeras que ingresaron por cupo travesti trans en el Estado Nacional”, las cuales se quedaron sin trabajo desde la asunción de Javier Milei.
En esa línea, manifestó que hay “pasividad dentro de la mayoría de los sectores sociales, menos en nuestro colectivo”. En la ciudad de La Plata “hicimos la marcha del orgullo más grande que existió durante los 11 años que se lleva adelante. Mientras que la marcha de capital fue grandísima, con un montón de gente y contó con algo que fue significativo: la primera vez en 35 años que no iluminaron la Casa Rosada, gobierne quien gobierne, siempre se iluminó, lo que marca algo simbólico muy importante, nos quieren desaparecer de la esfera política y desterrar nuestras discusiones”.
En tanto, reflexionó que cuando salga el decreto, “pienso en cómo vamos a proteger a las personas que van a perder el derecho de su identidad y acompañarlas en la judicialización”, y en cuanto a eso, mencionó que como organizaciones de la sociedad civil “y como militantes de la diversidad, nos parece importante acompañar a cada una de las personas que en su momento cambió el DNI, o que quieren cambiarlo, tanto en la estrategia judicial como desde la personal, porque hay algo que pasa con nuestro colectivo es que es histórica la expulsión de los distintos lugares. Por eso nosotras siempre nos ordenamos en trinchera para acompañarnos”.
Si bien lo anunciado por el Gobierno aún no fue oficializado ni tampoco hay fecha sobre cuándo se va a efectivizar, es parte del camino que están craneando en cuanto a lo cultural y también, marca el rumbo que deben tomar las activistas para poder enfrentar y marcar agenda de lo que es importante y fundamental para el movimiento, ante un Ejecutivo que demuestra no interesarle.
