El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y su par de Economía, Sergio Massa, definieron congelar el precio del boleto de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta después de las elecciones Generales del 22 de octubre. La iniciativa, que impactaría en toda la región, es acompañada por el titular de la cartera de Transporte a nivel provincial, Jorge D’Onofrio, y resistida por las empresas locales.
Si bien se oficializará en las próximas horas, la medida fue confirmada ayer por autoridades de Transporte a los empresarios del sector mientras que la Resolución en la que se suspenderá el mecanismo de actualización tarifaria y detallará la compensación a las compañías se publicará mañana en el Boletín Oficial.
Con esta medida, el Gobierno suspende -al menos hasta noviembre- el aumento mensual según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires publicado por el INDEC que se había decretado a principios de año.
De acuerdo a este método, a partir del 1 de septiembre el boleto en todo el área tendría que escalar un 6,2% por lo que el boleto mínimo - que cubre el tramo entre 0 y 3 kilómetros- pasaría a costar 61,25 pesos, el pasaje del tramo que va de 3 a 6 kilómetros se iría a 66,80 pesos, el de 6 a 12 kilómetros a 72,36 pesos, el de 12 a 27 kilómetros a 77,48 pesos y el tramo mayor a los 27 kilómetros a 81,77 pesos.
Esta medida se suma a la bateria de anuncios que hizo el titular del Palacio de Hacienda con el objetivo de paliar el impacto de la devaluación en el bolesillo ciudadano en medio de la campaña política. Una de ellas es la designación de un bono de 60 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia, trabajadores del sector público y personal de casas particulares que fue publicado hoy a través de un DNU en el Boletín Oficial.
Rechazo de los empresarios
Tras conocerse la medida, los empresarios de transporte de la región rechazaron la medida del Gobierno al considerar que fue inconsulta y que ampliará aún más la brecha entre costos e ingresos. “Estamos con los costos a abril por lo que constantemente se pide compensación. Congelar es fácil, hacer que esto funcione no”, fustigó el representante de una de las líneas locales.
La relación entre el sector empresario y el Ejecutivo -nacional y provincial- afronta un tenso escenario desde hace un puñado de meses a raíz del retraso en el pago del subsidio o la falta de actualización del sistema de costos que termina determinando el monto final que gira el Estado mes a mes.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) precisó que en julio el costo real de un pasaje en un colectivo del AMBA fue de $ 364,14 y que más del 86% del costo fue solventado por el Estado, es decir, se trata del principal ingreso de las compañías por lo que el retraso y la falta de actualización se tornó un eje de conflicto entre las partes.
Con estos reclamos a cuestas, los empresarios aguardan la letra chica del documento oficial del Gobierno para trazar opiniones respecto al mecanismo de compensación.