Tras dejar fuera del temario de sesiones extraordinarias al Presupuesto, el Gobierno enfoca todos los cañones en avanzar con la reforma electoral que tiene como punto principal la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El primer paso concreto se dio días atrás en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo presentó una “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”. Si bien contempla una serie de puntos, el centro es la eliminación del instrumento electoral aplicado por primera vez en los comicios del 2011 y que fue creado en diciembre del 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Según esgrimieron desde Balcarce 50, uno de los problemas que trajo esta instancia es la extensión del calendario electoral y el efecto de una campaña constante, con dos comicios en menos de doce meses o hasta tres cuando hay segunda vuelta.
En paralelo, un hipotético recorte del calendario electoral -indican desde el Ejecutivo- produciría alivio a las arcas estatales ya que todo operativo electoral supone costos importantes, tanto en términos de logística de votación y transmisión de datos, correo, fiscalización, capacitaciones y seguridad.
En el 2023, el costo estimado de las PASO fue de 45.445 millones de pesos, un monto que no es abrumador pero tampoco insignificante. “Una gran encuesta nacional”. Este es el término que usan desde la administración nacional al definir la función que adquirieron las PASO en los últimos años.
El proyecto de ley propone reducir los tiempos de campaña, haciendo que la misma comience 60 días antes de cada comicio y que finalice 48 horas antes de la apertura de la votación.
Además, se estipula que los anuncios masivos del Gobierno, como por ejemplo de obras, queden prohibidos en los 25 días inmediatamente anteriores a la elección con el objetivo de evitar usos proselitistas a favor del oficialismo.
Otro aspecto clave de la reforma tiene que ver con los cambios en la publicidad. Por un lado, se eliminan los espacios de publicidad electoral que por la ley actual tienen que ceder los medios audiovisuales para todos los partidos políticos que compiten y, a su vez, dispone que los anuncios publicitarios estén limitados al período en que transcurra la campaña, inclusive en la vía pública.
Otro pilar del proyecto es la reducción del financiamiento estatal, eliminándose los aportes extraordinarios que el Gobierno nacional debe transferir a los partidos en cada elección.
Un cambio profundo de esta reforma electoral es la quita de límites a los aportes privados, bajo la premisa de transparentar lo que ocurre en la práctica desde hace muchos años: la existencia de circuitos informales de financiamiento de las campañas y la consecuente subdeclaración de gastos por parte de no pocos partidos políticos.
En las elecciones de 2023 el monto máximo de aportes permitidos por persona humana o jurídica fue de 20 millones de pesos en las primarias, 40 millones en las generales y 20 millones en la segunda vuelta.
A partir de esta readecuación, no se fijarán límites ni en cantidad de aportantes ni en los montos máximos.También cambiará el sistema para aportar y el registro de quienes lo hagan.