La economía de la Provincia tensa la cuerda con los preveedores y pone en peligro a algunos programas que ofrece el gobierno de Axel Kicillof.
El programa SAE de la provincia de Buenos Aires es uno de los que podría verse perjudicado por la demora en los pagos
La Provincia de Buenos Aires estira los tiempos de los pago a proveedores y genera problemas para que estos puedan continuar brindando sus servicios al gobierno de Axel Kicillof, ya que los cobros que normalmente demoran 60 días, hoy tienen una espera de entre tres y siete meses.
La demora provoca la pérdida del valor del dinero que deben cobrar quienes le ofrecen productos o servicios al Estado, ya que la inflación licúa la ganancia ante el aumento del valor de los insumos necesarios para desarrollar la actividad.
Ante esta situación, las alarmas se encendieron desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), que alertó sobre demoras cuando su titular, Guillermo Siro, indicó que “La Provincia está igual que siempre. Paga lo urgente y lo otro no lo paga. Sacan un bono, te cancelan la deuda vieja, te siguen comprando… pero nadie quiere venderle a la provincia”.
Los atrasos en los pagos generan una situación de tensión en las finanzas de los proveedores que cuentan con menos capital para reponer las mercaderías y en muchos casos también, deben limitar su capacidad operativa, ya que no tienen con qué responder a la hora de realizar ellos sus propios pagos.
Todo esto genera un desequilibrio cuyo comienzo está en la falta de pago de la provincia de Buenos Aires y que puede terminar con el deterioro de un servicio por parte del gobierno de Axel Kicillof, como en los casos de los que abastecen a programas sociales, que podrían verse interrumpidos si la cadena de pagos impide su normal funcionamiento.
La situación financiera de los proveedores se encuentra en constante tensión y los bonos de deuda con tasa variable emitidos por el gobierno de Axel Kicillof son solo un parche para estirar la situación, pero no una solución para la misma, y las empresas con las que trabaja la provincia de Buenos Aires deben seguir afrontando sueldos, impuestos, logística y compromisos bancarios, financiando al Estado con su capital de trabajo.
Los problemas son más evidentes en aquellos que ofrecen a la provincia de Buenos Aires servicios alimentarios, como el Servicio Alimentario Escolar y Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (SAE y MESA).
El primero está destinado a la atención de las necesidades nutricionales de los estudiantes de las escuelas públicas en situación de vulnerabilidad social y busca garantizar el derecho a la alimentación, mejorando la aptitud para el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de Buenos Aires, promoviendo una cobertura nutricional igualitaria y equitativa. Alcanza a más de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos.
El Programa MESA Bonaerense está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de los estudiantes que son titulares de derecho del SAE mediante la entrega de un módulo compuesto por alimentos que tienen el objetivo integrarse y ser compartidos en las comidas familiares. Ambos programas pueden verse perjudicados si quienes proveen los insumos alimenticios para llevarlos adelante tienen problemas para su adquisición
En la misma situación podrían encontrarse quienes le proveen a la provincia de Buenos Aires insumos sanitarios (como los necesarios para llevar adelante el Programa Medicamentos Bonaerenses) ya que las droguerías no tienen plazos de cobro tan laxos como los de pago del gobierno de Axel Kicillof.
Por todo esto, la provincia de Buenos Aires deberá subsanar este problema y acortar los plazos de cobro por parte de los proveedores a un tiempo mas razonable y sobre todo más sano para sus economías, teniendo en cuenta que un corte en la cadena de pagos generaría inconvenientes a ambos lados de la misma, perjudicando a proveedores y receptores del servicio que el gobierno ofrece.