El presidente Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral y designó a los funcionarios que se encargar de defenderlo en el Congreso
Reforma Laboral: Javier Milei firmó hoy el proyecto
Tras su breve paso por Oslo, el presidente Javier Milei regresó este jueves por la mañana al país y, de inmediato, firmó el proyecto de Reforma Laboral que ya fue enviado al Congreso. Además, designó a los tres funcionarios para avanzar con la iniciativa en el Parlamento.
A través de un video, el mandatario nacional oficializó el envío de lo que la Casa Rosada denomina la “modernización laboral” y definió a los tres funcionarios que se encargarán de defender el proyecto en el Congreso. El team lo encabeza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; junto al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La estrategia oficial es que la iniciativa ingrese primero al Senado para iniciar el debate en el marco de las sesiones extraordinarias, que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 30 de diciembre. El objetivo inicial es obtener la media sanción antes de fin de mes.
Más allá de la ambición inicial, la hoja de ruta sigue más allá de diciembre. El Ejecutivo espera cerrar la discusión el primer bimestre del 2026, periodo en el que podrían extenderse las sesiones para avanzar con un paquete más amplio que incluye la reforma de la Ley de Glaciares, la reforma del Código Penal y la Ley de Estabilidad Fiscal.
El proyecto de reforma laboral que Milei envió al Congreso trae cambios de fondo en varios frentes clave del mundo del trabajo. Punto por punto, los ejes de las modificaciones:
La propuesta reordena por completo el esquema de vacaciones. Plantea que el período anual se otorgue entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque permite que empresa y trabajador acuerden otra fecha.
Uno de los cambios más fuertes es la posibilidad de fraccionar el descanso en tramos de no menos de siete días. Además, cada empleado deberá poder tomarse vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. Si las vacaciones se interrumpen por enfermedad, el empleador tendrá la obligación de reprogramar los días pendientes.
La indemnización por despido sin causa se redefine: será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual y con topes según el convenio de la actividad.
Se habilita, además, la creación de fondos de cese laboral para que las empresas financien esa compensación. El proyecto también deja claro que esta indemnización es la única reparación posible y que no habrá reclamos civiles paralelos. El esquema de preaviso sufre ajustes, aunque se mantienen las indemnizaciones especiales en casos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.
La reforma amplía la definición de qué es remunerativo y qué no. Los beneficios sociales -comedor, guardería, útiles escolares, reintegros de salud, cursos- quedarán firmes como conceptos no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. También se permite crear componentes salariales dinámicos, fijos o variables, que no generan derechos adquiridos ni ultraactividad.
Además, todos los salarios deberán pagarse por depósito bancario o medios electrónicos y también se actualiza el régimen de recibos y deducciones .
Los nuevos componentes remunerativos variables no tendrán ultraactividad, aunque se hayan pagado durante años. En cuanto a la registración, se crea un registro centralizado en ARCA como validación única y se refuerza la presunción a favor del trabajador cuando haya falta de registración.
Asimismo, se simplifica el uso de recibos digitales y se impulsa la trazabilidad vía herramientas tecnológicas.
La reforma recorta la aplicación extensiva de los convenios colectivos: regirán sólo para sus partes y su ámbito directo. Los CCT podrán fijar topes de personal part-time, establecer cálculos de jornada por promedios y pactar componentes salariales variables. También podrán reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional por fondos de cese laborales específicos del sector.
El proyecto fija una actualización de créditos laborales basada en IPC + 3% anual y prohíbe cobrar intereses sobre intereses, salvo en casos de mora después de la sentencia. Para juicios en trámite, se aplicará el interés moratorio del BCRA, con límites para evitar desequilibrios. Los pagos deberán realizarse preferentemente en la cuenta sueldo del trabajador.
Además, el pacto de cuota litis queda limitado al 20% y los honorarios totales no podrán superar el 25% del monto de la sentencia. Los jueces deberán remitir antecedentes a ARCA cuando detecten empleo no registrado o parcialmente registrado.
El proyecto propone que los trabajadores eventuales no puedan ocupar cargos sindicales con tutela. También limita las deducciones automáticas a favor de sindicatos: sólo podrán hacerse cuando surjan de leyes, estatutos o convenios de empresa, y en los demás casos se requerirá consentimiento expreso del trabajador.
Por último, los acuerdos conciliatorios o liberatorios deberán pasar sí o sí por la justicia o por la autoridad administrativa, apuntando a mayor control sobre las prácticas sindicales.