En la última semana se pusieron en jaque las distintas políticas de género y los derechos conquistados por el movimiento feminista, a los cuales, el gobierno Nacional caracterizó de “hipocresía progresista”. A raíz de la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, se volvió a abrir el debate de si sirven o no, estas políticas vinculadas a la prevención y concientización sobre las diferentes violencias que pueden sufrir las mujeres.
Cabe recordar que el exmandatario fue denunciado por “lesiones leves en un contexto de violencia de género" y, tal como describió la damnificada, por ejercer “terrorismo psicológico”. Para resguardar la integridad de Yáñez, la Justicia ordenó la prohibición de que Fernández se acerque a ella, y al hijo que tienen en común, a una distancia inferior a 500 metros, como así también, que no tengan ningún tipo de contacto; además, no podrá salir del país. Por su parte, Alberto Fernández expresó: “La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa".
Esta situación tomó un claro tinte político, pero no en pos de acompañar a la damnificada, sino para expresar el rechazo a los derechos que hay en materia de género en Argentina. El presidente, Javier Milei, señaló que dichas políticas son para “aprovecharse de un problema grave para hacer negocios” y, que desde su llegada al Gobierno buscaron terminar “con esta estafa que titularon ‘políticas de género’ de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos”.
En ese mismo comunicado, el libertario expresó: “Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer”, y sobre esto, horas más tarde el vocero Manuel Adorni anunció que se decidió vender el edificio donde funcionaba dicha entidad que “se encuentra en virtual estado de abandono”, porque se iniciaron obras que “nunca se concluyeron”. A esto lo acompañó un sutil mensaje: “La línea 144 está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género”, pero Adorni olvidó nombrar que la misma fue desmantelada cuando asumieron.
Se pasó de hablar de la aberración de un Ministerio a lo útil que puede ser una línea de asistencia, el hecho es que sin la existencia de estos, hubiese sido impensable que se pueda denunciar a un hombre que fue Presidente de la Nación por motivos de género. Si a Fabiola Yáñez se le creyó sin importar su partido político, es porque hubo años de lucha feminista que permiten que hoy, la palabra de una mujer en condición de vulnerabilidad, sea escuchada. Dos décadas atrás, nadie juzgaría a un Presidente…
En esta línea, es importante resaltar que desde la creación del Ministerio de Mujeres en el país, miles de víctimas pudieron hacer pública su situación y además, tienen derecho a hacer una denuncia y recibir acompañamiento y protección estatal, además de que es el Estado quien debe prevenir estos hechos. Pero es fundamental destacar que no es un simple capricho las políticas de género, sino una respuesta a una dura realidad: 1 de cada 2 mujeres vivieron un hecho de violencia por parte de su pareja.
El error que tuvo Alberto Fernández cuando fue presidente, fue no sólo mostrar compromiso con el colectivo feminista y su agenda (hecho que es importante y que cada mandatario debería considerar), sino tomar cada una de las luchas y derechos como propios, haciendo uso y desuso de un movimiento al cual no pertenece. Es por eso que, el ahora oficialismo afirma que el exmandatario utilizó “esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política”, y descalifican entonces cualquier causa “como la igualdad de género” en la que “se embandera para justificar sus negocios”.
Teniendo esto en cuenta, resulta absurdo aclarar que cada denuncia es importante, no solo las de índole mediático, y que para abordarlas se necesita de un Estado presente. Con la existencia del polémico Ministerio se permitió una transformación en el abordaje de las violencias donde la Justicia actuaba una vez que ya sucedió lo peor, para empezar a hablar de prevención y problematización. En el último tiempo se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas. Además, se ejecutó un 28% menos del presupuesto a la Línea 144; despidieron al 38% de su personal e incluso, quedaron turnos con sólo dos trabajadoras atendiendo. Las estadísticas en cuanto a esto expresan que se redujeron drásticamente las acciones para acompañar a personas que están en un vínculo violento.
No se puede pensar que una política pública resuelve de inmediato un problema social tan complejo como la violencia de género, que atraviesa a todas las clases sociales y está presente en cualquier relación social. Sin ir más lejos, y dentro del ámbito político, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche está siendo investigado por su intención de contratar sicarios para que asesinen a su pareja y a él mismo, a raíz de la viralización de situaciones en las que violentó de una forma u otra a su cónyuge. Pero este hecho, no es mediático y a la damnificada no se le está brindando acompañamiento.
Mientras se miden la vara entre hombres, a ver quién ayuda más a las mujeres según su punto de vista, la realidad en Argentina es que matan a una mujer cada 36 horas y que es profundamente necesario que haya un movimiento feminista que brinde contención a las víctimas. Pero fundamentalmente, es indispensable que se piense un Estado que tenga en cuenta las urgencias que atraviesan a la sociedad y en este sentido, a las miles de mujeres que son vulneradas, además de que los jueces actúen con rapidez y que se haga efectiva Justicia por cada víctima.
