La Cámara de Senadores aprobó el pasado jueves el proyecto de reforma jubilatoria con 61 votos a favor y sólo 8 en contra. En la misma se establece el aumento del 8,1 %, contempla la fórmula de movilidad por inflación e indica que en marzo de cada año se habilite otra suba por el 50% del índice de variación salarial.
La sanción obtuvo más de los dos tercios de los votos y respeta lo aprobado en Diputados, lo que evidencia que los senadores de La Libertad Avanza no pudieron hacer que vuelva a la Cámara baja como estimaban. El hecho es que la normativa ya fue elevada al Ejecutivo, el cual ya anunció que la vetará.
"El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", argumentaron al respecto.
Si bien todavía no está definido si el veto será para toda la ley o sólo para algunos artículos, trascendió que hay dos apartados que le generan molestia al Gobierno: el número 2, que pone en funcionamiento una cláusula gatillo anual que se aplicará de manera automática siempre que los sueldos le ganen a la inflación. El otro artículo es el 10, que impone un plazo para cancelar las deudas previsionales con sentencia fija. Ambos implican un beneficio directo para los jubilados pero también abarca a la deuda que tiene el Estado nacional con las cajas previsionales de las provincias y esto, para el oficialismo, haría temblar el tan preciado equilibrio fiscal que buscan conseguir y conservar.
Tal como expresó el presidente Javier Milei, la nueva ley de movilidad jubilatoria “compromete el equilibrio fiscal”, por lo tanto, será vetada. Esta facultad la tiene sólo el Ejecutivo y se utiliza para impedir que un proyecto, aprobado en ambas cámaras del Congreso, se convierta efectivamente en Ley. El mismo detalla que puede ser de forma total sobre todo el texto legislativo, o parcial, vetando solo ciertas disposiciones, de este modo, el Presidente tiene dos opciones: promulgar o vetar, y es una decisión que debe tomarse en un plazo de diez días hábiles desde que se sancionó. Ahora bien, de acuerdo a los votos obtenidos en esta oportunidad, ambas Cámaras tienen la potestad suficiente de insistir en el documento aprobado, teniendo en cuenta que dos tercios de los legisladores de Diputados y Senadores, votaron a favor.
Tal como se adelantó, será vetada y de esta forma, volverá a ingresar al Congreso donde nuevamente será tratada en ambas Cámaras. Allí, tendrán la posibilidad de insistir con la ley rechazada o redactar un nuevo documento. De este modo, puede ser nuevamente impulsada si tanto Diputados como Senadores alcanzan la mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Cabe recordar que en estos casos, la votación es nominal, es decir, por sí o por no. Si el mismo proyecto obtuviera el apoyo que en esta ocasión, la ley deberá ser promulgada. Si ello no sucede, quedará por fuera del circuito parlamentario y no podrá volver a debatirse hasta el año siguiente.
En este punto es importante destacar que este veto podría implicar un costo político importante para el Gobierno, ya que ataca de forma directa al ingreso de los jubilados. Pero también hacia lo interno de su partido, dado que su principal aliado, el PRO, votó a favor. Este acto de los legisladores se dio luego de la pelea entre Mauricio Macri y el Gobierno nacional por estar en contra del DNU que otorgaba cien mil millones de pesos a la SIDE en concepto de gastos reservados. Pero aún así, Macri respaldó el veto anunciado por Milei, lo que abre la puerta a otro conflicto interno en el partido amarillo, o bien, expresa un adelanto a la decisión que tomarán en una nueva discusión.
En el debate, el radical Martín Lousteau citó a la OPC por su informe para explicar cómo, en su parecer, el Gobierno podría haber afrontado este incremento: "El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el blanqueo. Incluso, el Presidente fue a un programa que había método inclusive para ganar plata blanqueando". Además, sostuvo que es desigual la idea de qué es gasto y qué inversión: "Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el que evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años".
Uno de los que bancó la parada del oficialismo fue el senador libertario Bartolomé Abdala. Si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, cargó contra la oposición: "Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía". Por su parte, también dirigió la culpa hacia el Congreso: “Falta mucho y somos conscientes. Tenemos mucha sensibilidad con la tercera edad. Si nos hubieran dado la Ley Bases antes, los jubilados estarían mejor".
Una vez dada la discusión en los recintos y conocida la postura del mandatario, el expresidente Mauricio Macri fue uno de los primeros en salir a respaldar a Javier Milei, a través de un comunicado expresó: “Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.
Asimismo, apuntó contra los legisladores: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”.
Por otro lado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló sobre el veto de una forma particular, haciendo comparaciones: “Liberan el precio de los alimentos, de los remedios, del combustible, aplican tarifazo y boletazo… pero los liberales libertarios controlan, regulan y reprimen los aumentos salariales y quieren vetar el aumento a jubilados”. Asimismo, resaltó: “No es teoría económica, es la defensa de los intereses concentrados y los poderosos”.