El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, presentó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, con varios ejes fundamentales: la herencia, la ley Bases, el pacto de Mayo, logros económicos, seguridad y jubilaciones. Pero también con profundas críticas por parte de la oposición ante la ley de Acceso a la Información Pública y la represión que se llevó a cabo fuera del Congreso, lo que hizo que terminara su informe, sin todos los legisladores en el parlamento.
Al comienzo, Francos resaltó que al asumir al Gobierno se encontraron con “una bomba de tiempo” en términos económicos, debido a “la inflación, el desequilibrio fiscal y la gran cantidad de deudas”. Frente a esto, destacó: “A pesar de esta herencia caótica que recibimos, y de encontrarnos en una situación de clara minoría parlamentaria y política empezamos a construir las bases de una nueva Argentina, un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un estado chico, que cobra menos impuestos, donde hay estabilidad y seguridad".
Es en esa línea que caracterizó a la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal como un logro de la gestión, pese a su condición dentro de las cámaras: “No existe en el mundo un gobierno que, con tan pocos legisladores, haya logrado sacar adelante leyes que cambian al país”. Y de esta, mencionó al sistema de regulación del petróleo, el gas, el RIGI y las reformas fiscales como factores fundamentales para llevar adelante su gestión con inversiones económicas. “Logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4.6% del PBI a un superávit de 0.4% acumulado en seis meses de gobierno”, indicó el Jefe de Gabinete.
Con respecto al Pacto de Mayo, argumentó que fue un acto que convocó al “sector mayoritario de la clase política” para firmar un “ acuerdo de gran valor simbólico”, del cual se encuentran trabajando para reglamentar las propuestas “que ya tuvieron un impacto directo” como “la reducción en los precios de los alquileres y la eliminación en los registros de propiedad del automotor; la reestructuración de organismos públicos y el cierre de otros”. Por otra parte, sostuvo que “en Argentina no se generan nuevos puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el año 2011" y, que con la efectivización de las reformas planteadas desde el oficialismo, se proponen impulsar la generación de trabajo y “otorgar seguridad jurídica tanto a empleados como a empleadores".
En términos de seguridad siguió en el mismo eje que la ministra, Patricia Bullrich, destacando el despliegue de fuerzas federales en Rosario, la expulsión de casi 400 extranjeros “involucrados en diversos delitos penales" y, por sobre todo, el protocolo antipiquetes, con el que “se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle”. Se mencionó también la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y la discusión de su presupuesto “para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos".
Acceso a la información pública
A través de un Decreto, Javier Miei le puso mayores límites a la ley de acceso a la información pública, especialmente cuando se trate de "datos privados" de los funcionarios o pueda causar "daños y perjuicios" a las personas. Según la lectura de la oposición, se trata de una imposición restrictiva que podría utilizarse para “negar información sobre las visitas a Olivos; los gastos que se realizan desde el ejecutivo”.
A partir de esto, desde la UCR mencionaron que la modificación de la ley inexistente “pretende legislar por decreto incluyendo nuevas excepciones. Dichas consideraciones de índole legislativa están estrictamente reservadas al Congreso de la Nación, incurriendo entonces en una grave afectación a la división de poderes y consecuentemente, una lesión al derecho humano de saber sobre las cuestiones públicas”, por lo tanto, solicitaron la derogación del decreto porque vulnera los principios de “libertad de expresión, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas”.
Postura similar tomó el PRO, quienes por lo general acompañan a las políticas del ejecutivo, sostuvieron que se trata de una decisión que tiene el objetivo de “limitar el acceso”, aseverando que la ley aprobada en la gestión de Mauricio Macri, “garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”.
Sobre esto, Guillermo Francos se vio obligado a brindar una respuesta en los recintos, donde se comprometió a “analizar junto al presidente el decreto” porque “no fue la intención del Presidente de limitar el acceso a la información y para eso se hizo un trámite en el gobierno de consultas a los actores del acceso a la información pública, tanto a la Agencia como a la Procuración del Tesoro y no nos pareció que hubiera una violación a ese derecho constitucional”, argumentó al respecto.
Cabe recordar que mientras el Jefe de Gabinete de Ministros se encontraba relatando su informe y respondiendo preguntas al respecto, afuera del Congreso se concentraron organizaciones sociales, sindicales y jubilados, para protestar en contra del veto presidencial a la reforma jubilatoria y, al igual que este miércoles, las fuerzas de seguridad llevaron adelante el protocolo antipiquetes.
En esa ocasión, en medio de la represión, gases lacrimógenos y disturbios, la sesión se vio interrumpida por diputados de Unión por la Patria y de Izquierda, quienes reclamaron que pararan la violencia policial. Pese a que UxP solicitó un cuarto intermedio frente al desorden que había en el lugar, Martín Menem siguió con el cronograma, le cedió la palabra al jefe de los legisladores de LLA, Gabriel Bornoroni, quien agradeció a Francos y reivindicó "la transparencia" del gobierno.
