El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio impulso a sus tareas y anunció que presentaron al Congreso un proyecto que busca eliminar leyes que, tal como detalló, quedaron “arcaicas”. Se trata de la llamada Ley Hojarasca, en la que intentarán eliminar cerca de 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”.
A través de sus redes sociales, el funcionario resaltó que apuntan a desregular y simplificar el marco normativo vigente hasta el momento; el objetivo es derogar algunas aprobadas durante la Dictadura y otras durante distintos gobiernos posteriores. “Encontramos seis motivos para eliminarlas”, informó Sturzenegger y los caracterizó: “Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad; que eliminan trámites inútiles y sin sentido; que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores; que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos; que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen; que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”.
Anticipó que concretamente se busca quitar las normas que "generan gastos innecesarios para los contribuyentes”, y compartió un gráfico donde puede verse que la mayoría a suprimir son del siglo XX y, de las gestiones de María Estela Martínez de Perón, de Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Benito Bignone. Cabe destacar que estos últimos fueron presidentes de facto.
Algunas de las mismas, son normativas que además de quedar en el olvido, ni siquiera son respetadas, como la N° 20.120 que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso; o la N° 20983, que dicta que los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. Aún así, insisten en que derogarlas es lo mejor, lo que es considerado por sectores de la oposición, como un proyecto para “limpiar la imagen” del Gobierno y mostrar así cómo se están quitando “leyes que le cambian la vida a la gente”.
En el resumen compartido por el Ministro, también nombró a la N°14.034, que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”. La N°18.312, con la que Onganía “intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario” o la N°19.787 que obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba que se debía escuchar, lo cual es otro ataque directo a la libertad de expresión”. Estas son todas normativas promulgadas bajo distintos gobiernos dictatoriales, que en democracia, quedaron desestimadas.
Sin embargo, hay otras que contemplan “ejemplos de privilegio”, tales como la ley N°20.959, que “otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y el libre estacionamiento”, hecho que Sturzenegger apuntó como “inaceptable en una sociedad democrática”. Por su parte, también mencionó a la N° 22.964, que “permite la internación forzosa de los enfermos de lepra”, la misma, consideró que es estigmatizante para “quienes la padecen” y además, “viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitución Nacional”.
Por otra parte, hay legislaciones que sí fueron modificadas por leyes posteriores, pero de igual modo tratarán de derogarlas. Una de ellas es el “padrinazgo presidencial”, otra es la actuación de los Auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional, que fue declarada inválida por la Corte Suprema. Hay otras, que por el avance de la tecnología no siguen aplicándose y algunas datan del 1800, lógicamente, fueron superadas pero desde el Gobierno, reiteran la necesidad de derogarlas por completo: la que premia a quien descubra una mina de carbón; otra que declara de interés nacional la prospección, exploración, el desarrollo minero y la explotación de carbón mineral; y otra que autoriza las emisiones de televisión en color.
Sturzenegger desarrolló un ítem destinado a la eliminación de “trámites inútiles”, entre ellas, entra la N° 14.800, que obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares, al respecto, mencionó que “reduce los incentivos para instalar nuevos teatros (...) Al pulverizar el valor de una propiedad dedicada a una sala teatral hace mucho menos atractivo construir teatros nuevos”. La ley N° 17.752 que promueve la construcción de hoteles para turismo internacional, también será eliminada.
Dentro de los organismos financiados con fondos públicos nacionales, se desestimará la ley que creó la Federación Argentina de Municipios, que la modificarán para que sus gastos no provengan del Tesoro, sino de los mismos distritos que quieran participar.
Estas son solo algunas de las normativas que desde el Gobierno buscarán que se deroguen dentro del Congreso Nacional. Será tarea de los legisladores, hacer un análisis minucioso para comprender si el derogar o conservar las leyes pueden modificar en algo, o no, la vida de todos los argentinos. Por su parte, la gestión insistirá en el tratamiento inmediato de las mismas.