El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por irregularidades contables a raíz del presunto desvío de fondos para la campaña electoral.
A través de la Resolución 742/2023, la cartera judicial oficializó la medida que, explicaron, tiene como objetivo “normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar".
Tras la decisión del Ejecutivo, Bullrich denunció por redes sociales que se trató de una maniobra electoral impulsada por el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa. “Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, fustigó.
De inmediato, el ministro Soria le contestó por la misma vía. "La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!", publicó.
La intervención, solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, se fundamenta en que desde el instituto comandado por Bullrich "se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar".
También se detectaron irregularidades contables al registrarse un "crecimiento exponencial" de los ingresos y egresos del instituto en apenas un puñado de meses y en paralelo a la campaña desplegada por la exministra.
Por último, la IGJ determinó que la "utilización estructural y financiera" del IEES para la campaña política de Bullrich "no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles", sino que también podría "implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos".