Este viernes culminó el juicio que la República Argentina mantiene con el fondo buitre Burford por nacionalizar la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). En consecuencia, la administración nacional deberá pagarle un resarcimiento a este fondo que, de acuerdo a lo que dictamine la jueza Loretta Preska, puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares.
En la jornada de ayer culminaron los tres días de audiencias en los que se abordaron los dos ejes por lo que transcurre el tramo final del juicio: por un lado, la fecha que la magistrada tome como el momento en que Argentina se hizo del control de las acciones de YPF y la tasa de interés que se utilice por la demora para actualizar la indemnización. Pues, de estas variables depende lo que tenga que pagar.
Respecto al primer punto, los demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y decretó la designación de un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. El Ejecutivo local indicó que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741.
El otro punto es la tasa de interés de indemnización. Argentina pretende que sea cero, mientras que Burford reclama el 8%.
Tras la presentaciones de ambas partes, la jueza Preska deberá dictar sentencia que -se prevé- no llegará hasta finales de septiembre. De acuerdo a lo que dictamine la magistrada, la Argentina podría afrontar el pago de un monto que podría variar entre 4900 y 16000 millones de dólares.
El Gobierno nacional confirmó que apelará cualquier resolución en las dos instancias correspondientes: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos.