La delegación bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunció que se encuentra en “estado de alerta” por el bono de $60 mil que anunció el Gobierno nacional y que la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA)decidió no pagar.
“El Decreto Nacional es muy claro en relación al alcance de la suma para todos los sectores comprendidos”, manifestaron desde Sadop en respuesta al organismo que nuclea a las escuelas privadas de la provincia y anticiparon que si no pagan la suma fija llevarán adelante “todas las acciones gremiales y legales que sean necesarias”.
Asimismo, el sindicato cuestionó “las falsas versiones que hicieron trascender a través de los medios de comunicación sobre el posible cierre masivo de instituciones educativas de gestión privada a raíz de una supuesta insostenibilidad del sistema”.
El gremio rechazó el argumento del organismo mediante el que planteó que no puede abordar el pago de la suma fija porque las cuotas se encuentran desfasadas respecto al incremento de la inflación y que si afrontan el desembolso cerrarán decenas de instituciones.
“Desde SADOP descartamos de plano las versiones de posibles cierres de instituciones y atribuimos esta práctica a la especulación de un sector que está preparando el terreno para argumentar que no puede pagar el bono”, precisaron.
El pasado jueves, AIEPBA rechazó la obligación del pago de la suma fija no remunerativa debido a que "está por fuera de las paritarias" y que"las instituciones se encuentran en un estado financiero y económico de vulnerabilidad".
En la misma línea, reconoció que la situación que está atravesando el sector es “preocupante” y que sería muy difícil trasladar esos valores a las cuotas de los colegios.“Tenemos 2.500 colegios afiliados a nuestra entidad, que a su vez forma parte de la Junta Nacional de Enseñanza Privada, y todos coincidimos que la situación es complicada”, aportó.
De acuerdo al relevamiento realizado por la Asociación, actualmente hay al menos 30 escuelas privadas que corren serio riesgo de cerrar sus actividades porque están en situación de quiebre consecuencia de la morosidad en el cobro de cuotas, el atraso en el valor de los aranceles y dificultades impositivas.
"La medida impuesta provoca un descalabro financiero que agrava la realidad de muchas instituciones que ya se encuentran al borde del cierre", concluyeron.