La disputa por la provincia de Buenos Aires será clave en la definición de las elecciones Generales que se disputarán el 22 de octubre. Además de determinar quién conducirá la provincia más populosa del país -aunque sea por un voto de diferencia-, la performance de los candidatos tendrá impacto directo a nivel nacional y colocaría en una hipotética segunda vuelta a los presidenciables de su espacio. En Juntos por el Cambio lo saben y por eso pretenden reimpulsar la campaña del aspirante a la gobernación Néstor Grindetti con el respaldo de intendentes y establecer una serie de puntos claves para desarrollar e ir en búsqueda de los sufragios que le permitan recuperar la distancia respecto a Axel Kicillof en las PASO.
Este miércoles a la tarde, Grindetti encabezará junto a su compañero de fórmula Miguel Fernández un encuentro con intendentes de Juntos por el Cambio de toda la provincial en el que analizarán las principales propuestas de campaña en materia de Seguridad, Salud, Educación, eficiencia y reforma del Estado, Agroindustria y Desarrollo Económico, entre otras áreas. La convocatoria que tendrá una fuerte impronta intendentista buscará apuntalar la unidad dentro de la coalición opositora y cerrar filas detrás del jefe comunal en licencia de Lanús.
Junto a 200 técnicos y los intendentes opositores, Grindetti presentará los ejes de su futuro gobierno basados en “una fuerte descentralización de políticas públicas hacia los municipios, una decidida lucha contra el delito mediante el impulso de leyes más duras como la baja de la edad de imputabilidad hasta la necesidad de reequipar a las fuerzas seguridad con armas no letales”.
En el eje de seguridad, el bullrichista impulsará la “construcción de cárceles, mesa de coordinación entre fuerzas, la vuelta de la gendarmería al conurbano y la creación de policías municipales”, mientras que en el plano fiscal se propondrá “reducir drásticamente el gasto público provincial, con una sensible baja de cargos y estructuras políticas y la eliminación de, hasta dos mil, regulaciones y trámites administrativos para favorecer al sector privado, al tiempo que analiza una reestructuración del sistema impositivo para quitarle presión al sector productivo, esencialmente al campo”.
Por otro lado, en materia educativa pretende “garantizar 190 días de clases” y avanzará en la propuesta de descentralización hacia los municipios de la infraestructura escolar, equipamiento, servicio alimentario y transporte, el control del ausentismo de los docentes, la necesidad de abordar un nuevo plan de alfabetización con medición de resultados, programas de incentivos y bonos par escuelas vulnerables con mejores resultados de aprendizaje.