Legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron este lunes un jury de enjuiciamiento contra los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, para que se investigue el comportamiento de los magistrados que resolvieron anular la causa y dictar la liberación de Julio ‘Chocolate’ Rigau.
Según el documento al que accedió este medio, el diputado nacional Ricardo López Murphy; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y la candidata a Senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico; solicitaron al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que se inicie un proceso para investigar y determinar si “incurrieron en mal desempeño de sus funciones o, en el extremo, si podrían haber incurrido en delitos en el cumplimiento de sus funciones, que habiliten promover la acción de remoción”.
En la presentación de 16 hojas que ingresó en las últimas horas a la Justicia, los representantes de JxC reclamaron la continuidad de la investigación y denunciaron la existencia de una presunta organización delictiva con el objetivo de defraudar al Estado. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, expresaron en uno de los artículos.
En otro pasaje del documento, los denunciantes remarcaron que Rigau fue defendido por el reconocido abogado platense Alfredo Gascón Cotti, quien sería también asesor en la Legislatura. “Es otro dato que hace inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”, ahondaron.
Los opositores hicieron un desglose de los gastos de la Cámara baja en materia de personal y el impacto del caso en el erario público. “La cuestión que se pone a la luz con el asunto ‘Rigau’ impone investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de hechos ilícitos y fraudulentos en el manejo del dinero público.
“Teniendo en cuenta cómputos razonables a todas luces simples, hay por lo menos 53.640.000.000 pesos de dudosa aplicación presupuestaria. Cabe la pregunta: ¿Estamos ante un posible caso de corrupción de más de 50 mil millones al año?¿Es este caso puntual de “Chocolate” Rigau apenas la punta del iceberg?”, aportó Iguacel.
Por otro lado, reclamaron que “la intervención judicial es urgente” y subrayaron que el pedido “no significa una intromisión de un poder sobre otro” porque “más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense”.
En este sentido, reflotaron el caso de Néstor Felgueiras, que fue detenido acusado de intentar sobornar a una mujer que lo quería denunciar por haberla inscripto como empleada de la Cámara de Diputados bonaerense y haber cobrado el sueldo sin que ella lo supiera. En 2019 se lo condenó a 3 años de prisión en suspenso con varios contratos truchos descubiertos.
“La sociedad necesita respuestas y la única manera de renovar su confianza en la justicia y en la política es ir hasta las últimas consecuencias para desmantelar los entramados de corrupción que degradan a nuestro sistema democrático y perjudican a nuestros ciudadanos”, cerraron.