Mientras la Justicia federal avanza sobre distintas maniobras vinculadas al mercado cambiario durante los años del cepo, un empresario de La Plata aparece mencionado de manera recurrente en expedientes que investigan operaciones por cientos de millones de dólares.
Se trata de Juan Ignacio Agra, titular de Mega Latina S.A., exfuncionario bonaerense y accionista de otras firmas del sector financiero, cuyo nombre surge tanto en la causa que tramita ante la jueza María Servini como en la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi sobre agencias de cambio, autorizaciones SIRA y operadores financieros.
Aunque ambas causas se iniciaron por hechos diferentes, comparten una serie de nombres, sociedades y movimientos económicos que los investigadores intentan reconstruir. En ese entramado aparece Agra, quien además protagonizó una extensa disputa administrativa por la compra del Banco Voii, una operación que finalmente fue rechazada por el Banco Central y cuya negativa fue ratificada por el Ministerio de Economía.
Agra no es un desconocido en la política bonaerense. En 2012 fue designado como director provincial de Desarrollo Regional dentro de la Subsecretaría de Asuntos Municipales durante la gestión de Daniel Scioli.
Años después desarrolló actividades vinculadas al sector financiero y cambiario. Su nombre quedó asociado principalmente a Mega Latina S.A., una agencia de cambio que aparece en distintos informes del Banco Central y que figura entre las empresas analizadas en una de las investigaciones más importantes sobre el uso del dólar oficial durante los años de mayores restricciones cambiarias.
El fin del cepo marca el inicio de un nuevo sistema cambiario
También aparece vinculado a Karuna Group S.A., una agencia de cambio ubicada sobre avenida 7, en pleno centro de La Plata. Según la documentación societaria incorporada a los expedientes, compartió participación en esa firma con Juan Bautista Melzi, dirigente del Frente Renovador platense.
Karuna ya había aparecido mencionada en distintas investigaciones periodísticas y judiciales, incluso en derivaciones vinculadas al caso de Julio "Chocolate" Rigau, aunque hasta el momento no existen imputaciones vinculadas a ese expediente contra Agra.
La causa más avanzada respecto de las operaciones cambiarias es la que llevan adelante la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
La investigación se originó a partir de informes elaborados por el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron movimientos millonarios entre agencias de cambio durante 2022 y 2023, en pleno contexto de cepo cambiario.
Dentro de ese expediente, Mega Latina ocupa un lugar relevante.
Según la documentación incorporada a la causa, la firma adquirió USD 466.051.875 y vendió USD 466.270.277 entre enero de 2022 y agosto de 2023. Para los investigadores, la escasa diferencia entre ambas cifras podría ser compatible con una actividad predominantemente orientada a la intermediación financiera.
Los informes oficiales también señalaron que la operatoria registró un crecimiento acelerado a partir de abril de 2023 y alcanzó su punto máximo entre junio y agosto de ese año, período en el que se concentró cerca del 70% del volumen total operado.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control fue la utilización de retiros de dinero en efectivo. Según consta en el expediente, solamente entre el 27 y el 31 de julio de 2023 Mega Latina retiró más de 15 millones de dólares en billetes.
La hipótesis bajo análisis sostiene que parte de las divisas adquiridas a valor oficial habrían sido revendidas posteriormente a otras agencias de cambio que también terminaron observadas o sancionadas por el Banco Central.
En el marco de esa investigación, Servini dispuso recientemente embargos preventivos sobre más de un centenar de empresas y personas físicas vinculadas al sector cambiario. Entre los alcanzados por esa medida figura Agra.
El nombre del empresario platense también aparece mencionado en otra investigación federal que avanza en paralelo.
Se trata del expediente que instruye el juez Ariel Lijo junto al fiscal Franco Picardi, donde se analizan presuntas irregularidades vinculadas al sistema SIRA, agencias de cambio, operadores financieros y movimientos de divisas durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández.
La causa se nutrió principalmente del análisis de teléfonos celulares, chats, audios y documentación secuestrada a empresarios y financistas investigados.
Entre los nombres que aparecen en ese expediente figuran Martín Migueles, Francisco Hauque y Elías Piccirillo, además de distintos operadores relacionados con el mercado cambiario.
Según documentación incorporada a la investigación, Mega Latina y Stema Cambios habrían adquirido en conjunto más de USD 507 millones al Banco de Servicios y Transacciones (BST).
En ese expediente también aparece mencionada la contadora Valeria Fernández, quien habría intervenido profesionalmente en distintas agencias de cambio investigadas y que mantenía vínculos comerciales con Agra.
Fuentes del sector financiero citadas en distintas actuaciones judiciales describieron a ambos como socios habituales dentro del negocio cambiario: Fernández concentrada en cuestiones técnicas y regulatorias, y Agra con un rol más vinculado a relaciones institucionales y comerciales.
La investigación continúa en etapa de producción de prueba y busca determinar si las maniobras analizadas podrían constituir delitos como lavado de activos, asociación ilícita, defraudación al Estado o infracciones al régimen penal cambiario.
Mientras estas investigaciones avanzaban en los tribunales federales, Agra y Fernández impulsaban otro proyecto de gran escala dentro del sistema financiero: la compra del Banco Voii.
La operación comenzó durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, pero encontró resistencia en los organismos de control.
En agosto de 2024, el directorio del Banco Central rechazó la modificación accionaria propuesta para la entidad. El argumento formal fue que los compradores no cumplían con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Distintas fuentes del sector sostienen que acceder al control de una entidad bancaria representaba un “paso estratégico” para operadores vinculados al negocio cambiario, ya que permitía ampliar la capacidad operativa y acceder a herramientas financieras que no están disponibles para una agencia de cambio tradicional.