Un cardiólogo y un enfermero quedaron detenidos en Santa Fe acusados de haber montado un esquema para cobrar prestaciones médicas que, según la Justicia, nunca se realizaron. La investigación detectó más de 51.000 prácticas bajo sospecha y alcanzó a afiliados de todo el país, incluidos cientos de jubilados de la región platense.
La causa comenzó como una serie de reclamos aislados de afiliados que desconocían consultas médicas registradas a su nombre y terminó convirtiéndose en una de las investigaciones por presunta defraudación al PAMI más importantes de los últimos años.
La magnitud económica del caso es impactante. De acuerdo con la denuncia presentada por el propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), las prestaciones cuestionadas alcanzan un valor total de $1.014.234.544,20. De ese monto, la obra social llegó a validar pagos por más de $732 millones y efectivamente desembolsó $584.162.638,71 antes de detectar las irregularidades y suspender las liquidaciones pendientes.
La causa, identificada con el número 149297/2025, se inició a partir de una presentación formulada por el propio PAMI ante la Justicia Federal. Según consta en el expediente, los investigadores sospechan que el profesional habría accedido al sistema informático de la obra social utilizando sus credenciales de prestador para generar órdenes médicas electrónicas y luego informar la realización de prácticas cardiológicas que en realidad no habrían existido.
Uno de los primeros elementos que despertó sospechas fue el volumen de actividad declarado por el médico.
Los registros incorporados al expediente muestran que entre febrero y septiembre de 2023 el profesional informaba cantidades relativamente reducidas de prestaciones. Sin embargo, en octubre de ese año se produjo un cambio abrupto.
Durante septiembre había transmitido 211 prácticas. Un mes después informó 1.144. Al mismo tiempo, el porcentaje de órdenes médicas emitidas por él mismo pasó de 38,9% a 90,7%. Para los investigadores, ese salto marcó el inicio de la operatoria bajo sospecha.
A partir de entonces la curva siguió creciendo de manera sostenida.
En mayo de 2024 se registraron 3.835 prácticas; en julio llegaron a 3.969; y en diciembre alcanzaron las 5.411 prestaciones en un solo mes. Los montos facturados también aumentaron de forma exponencial hasta superar los 84 millones de pesos mensuales.
Los auditores concluyeron que la cantidad de consultas y estudios declarados resultaba incompatible con la capacidad operativa de un único especialista que atendía en una localidad santafesina de poco más de 5.000 habitantes.
Otro aspecto que sorprendió a los investigadores fue la procedencia de los afiliados.
Según surge de la documentación incorporada a la causa, las prácticas atribuidas al cardiólogo no sólo involucraban pacientes de Santa Fe. Por el contrario, aparecían distribuidas en 38 Unidades de Gestión Local distintas del PAMI.
Rosario concentró 20.504 prestaciones y Córdoba otras 20.216. Pero también figuraban afiliados de Tucumán, Mendoza, Mar del Plata, Capital Federal, Lanús, Bahía Blanca, Chaco, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y prácticamente todas las regiones del país.
La hipótesis fiscal sostiene que miles de esas personas jamás viajaron a Acebal ni fueron atendidas por el médico investigado. De hecho, varios afiliados consultados durante las auditorías negaron haber concurrido a ese consultorio o haberse realizado los estudios que figuraban cargados en el sistema.
Entre los beneficiarios utilizados para justificar las prestaciones también figuran afiliados de la región platense.
La documentación judicial revela que la Unidad de Gestión Local 7 La Plata aparece asociada a 347 prácticas médicas por un monto total de $7.379.542,59.
Aunque hasta el momento no existen profesionales de La Plata imputados en la causa, el dato refleja el alcance territorial de la presunta maniobra y muestra que jubilados y pensionados de la capital bonaerense habrían sido utilizados dentro del esquema investigado.
Incluso, la cantidad de prestaciones vinculadas a afiliados platenses supera a las registradas en varias provincias argentinas que también aparecen mencionadas en el expediente.
A medida que avanzó el análisis de la base de datos, los investigadores encontraron un detalle que consideran especialmente revelador.
La denuncia sostiene que se detectaron al menos 80 fechas distintas en las que todos los afiliados utilizados para transmitir prestaciones compartían una misma característica: sus apellidos comenzaban con la misma letra.
Uno de los ejemplos citados en el expediente ocurrió el 2 de enero de 2024. Ese día fueron cargadas 107 prácticas correspondientes exclusivamente a personas cuyos apellidos comenzaban con la letra "A".
Para los investigadores, el hallazgo resulta compatible con la utilización sistemática de padrones de afiliados y constituye uno de los indicios más fuertes de que las prestaciones podrían haber sido generadas artificialmente.
El expediente también pone la lupa sobre la utilización de credenciales médicas dentro del sistema informático del PAMI.
Del total de 51.698 órdenes médicas electrónicas detectadas, 50.233 fueron generadas desde el usuario del propio cardiólogo investigado. Sin embargo, otras 1.463 aparecen asociadas a 84 usuarios distintos correspondientes a otros profesionales de la salud.
La documentación identifica a médicos de diferentes especialidades cuyos usuarios figuran vinculados a una pequeña porción de las órdenes bajo análisis. No obstante, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que la aparición de esos nombres no implica responsabilidad penal y que la Justicia intenta determinar si existieron accesos compartidos, utilización indebida de credenciales o algún otro mecanismo que explique esos registros.
La semana pasada la investigación avanzó con cinco allanamientos realizados en Acebal y Wheelwright por orden de la Justicia Federal. Los procedimientos buscaban documentación relacionada con la presunta defraudación al PAMI, pero terminaron revelando otro posible delito.
Durante las requisas fueron encontradas 243 ampollas utilizadas de fentanilo y otras 50 ampollas de morfina sin utilizar, además de medicamentos, vacunas, insumos médicos y material quirúrgico.
El hallazgo dio origen a una segunda investigación penal por presunto suministro de estupefacientes fuera de los casos autorizados y ejercicio ilegal de la medicina.
A raíz de esa situación, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva por 90 días para el cardiólogo y el enfermero mientras continúan las medidas de prueba.