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El fiscal de Cámara Nacional Electoral se opuso a que Santilli lidere la boleta de LLA

Ramiro González reivindicó la resolución de Ramos Padilla para que Diego Santilli no reemplace a José Luis Espert en la boleta única de papel

10 de octubre de 2025 - 20:30

En su dictamen, el fiscal consideró que se trataba de un “caso sumamente singular que no tenía antecedentes que fueran aplicables por analogía. Es la primera vez que se tiene que decidir el reemplazo del primer lugar de una lista de diputados nacionales por renuncia del candidato varón que encabezaba”.

El dictamen del fiscal sostuvo que en caso de renuncia de un primer candidato a diputado varón, “el Código Electoral prevé que el reemplazo sea por ‘corrimiento’ de la lista. Si los candidatos y candidatas suben un lugar, se cumple con la ley de paridad de género sin necesidad de reemplazar al varón por otro varón y que esa situación ya está prevista en la ley electoral”.

La presentación que propone confirmar la decisión de Ramos Padilla sostuvo que, con la interpretación que pretende LLA, “asignar el derecho al tercer diputado, no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva sino que, además en el caso concreto -al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo-, atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado en la Constitución”.

La Ley de Paridad en el caso Santilli

El fiscal señaló que la reformulación propuesta por los apoderados de LLA supone “no solo que la segunda candidata deje de ascender un lugar en la lista, sino que otros 16 candidatos varones queden en mejor posición de ser electos y pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían”. Y afirmó que si eso se convalidara, “una parte importante del grupo histórica y estructuralmente en desventaja en favor del cual se promueve la acción afirmativa, sería lesionado producto de su aplicación”.

“La denominada ley de paridad ha sido el último mojón legislativo en materia de derechos y participación política de las mujeres que recogió una serie de principios constitucionales y convencionales que suponen un fortalecimiento de los estándares de participación y acceso a los cargos públicos, sobre la base de acciones afirmativas tendientes a reparar desigualdades estructurales entre varones y mujeres en este ámbito", expresó.

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