El Gobierno de la Provincia anunció el inicio de la fase 2 de la Revisión Tarifaria Integral, que busca determinar el costo de la luz en los próximos meses
La Provincia avanza con la actualización de tarifas
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución de energía eléctrica, una iniciativa que comenzó en 2024 y que busca actualizar el sistema tarifario y mejorar la calidad del suministro. ¿Cuánto vale la luz?
La medida fue impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprobó un nuevo anexo del convenio firmado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para continuar con el análisis técnico y económico del sistema eléctrico provincial.
El acuerdo se desarrolla a través del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), organismo académico que brinda asistencia y consultoría para avanzar en la revisión tarifaria. El nuevo documento aprobado establece los detalles de la segunda etapa del proceso, incluyendo fases de trabajo, contenidos técnicos, hitos y el esquema de pagos vinculados al estudio.
La revisión fue iniciada formalmente mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla un análisis integral del sistema de distribución eléctrica en la Provincia, con el objetivo de determinar los costos reales del servicio prestado por las empresas Edelap, EDES, EDEA y EDEN y cada una de las cooperativas que operan en territorio bonaerense.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el proceso apunta a definir un plan de inversiones que permita mejorar la infraestructura eléctrica, adaptarla a la demanda actual y reforzar el rol del Estado en la supervisión del servicio. Además, la revisión tarifaria también busca mejorar los parámetros de calidad del suministro y garantizar tarifas accesibles y más equilibradas entre las distintas regiones de la provincia.
Según consta en el Boletín Oficial de este lunes, el proceso está dividido en distintas etapas. La primera fase se centró en la valuación física de los activos de las distribuidoras y en la recopilación de información técnica necesaria para evaluar el estado del sistema.
La segunda etapa, que ahora comienza a desarrollarse, incluye el análisis económico y regulatorio, donde se estudiarán aspectos clave como la valorización de la base de capital, el cálculo de los ingresos necesarios para cada empresa distribuidora, la definición de un plan de inversiones obligatorio y la elaboración de una nueva estructura tarifaria. El cronograma prevé un plazo total de 15 meses para completar los estudios y llegar a las conclusiones finales.