El exdiputado bonaerense y empresario teatral Javier Faroni fue citado por la Justicia para declarar en el marco de la causa AFA
Javier Faroni fue citado por el juez Armella
El juez federal Luis Armella citó a declarar al empresario y exdiputado bonaerense Javier Faroni, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La convocatoria está prevista para el próximo 19 de enero e incluye también a su esposa, Erica Gillette.
Farroni, productor teatral y dirigente ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra al frente de la empresa que explotó la representación comercial de la Selección argentina en el exterior. El exlegislador provincial fue uno de los titulares de TourProdEnter, firma que habría administrado alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a contratos internacionales de la AFA.
Según la investigación judicial, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de compañías presuntamente ficticias. TourProdEnter fue inscripta en Miami por Gillette, esposa de Farroni, y habría operado como eje de las maniobras bajo análisis.
Las operaciones investigadas se habrían instrumentado a través de contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección argentina con empresas radicadas en distintos países, acuerdos que habrían sido avalados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y la participación de su tesorero y principal colaborador, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Justicia continúa examinando las operaciones de Sur Finanzas, una financiera vinculada al entorno de Tapia. De acuerdo a la causa, se habrían canalizado movimientos por más de 818 mil millones de pesos mediante billeteras virtuales, con una elevada proporción de transacciones realizadas por sujetos no categorizados o contribuyentes considerados apócrifos.
La hipótesis de los investigadores apunta a que asociaciones civiles y fideicomisos relacionados con clubes de fútbol (entre ellos San Lorenzo, Racing y Temperley) habrían sido utilizados para otorgar apariencia de legalidad a fondos que tendrían origen en maniobras tributarias irregulares.