La planta de pre-tratamiento de desechos cloacales está al borde del colapso y la materia fecal es volcada sin filtros sobre la playa de Palo Blanco. Existen reclamos acumulados, tanto de organizaciones civiles como de particulares y funcionarios locales, que piden revertir la problemática que crece año a año
En Berisso, justo donde termina la Av. 66, miles de litros de aguas negras salen sin control hacia el Río de La Plata. Se calcula que son aproximadamente unos doscientos camiones cisterna cargados con la materia fecal de casi un millón de habitantes los que son volcados sin tratamiento. Sin filtro. Sin control.
Según reconstruyó El Editor Platense, el sistema cloacal de la región presenta un colapso estructural que depende de Aguas Bonaerenses S.A., empresa con mayoría estatal, que afecta directamente a Berisso, gobernado por Fabián Cagliardi, pero también salpica a Ensenada y parte de La Plata. Desde hace una década, distintas ONG ambientalistas advierten que el problema representa un riesgo sanitario y ambiental masivo.
El sistema cloacal regional fue diseñado en 1905. Recién en 1999 se creó una planta de pretratamiento, pero es insuficiente. Se estima que los efluentes superan los 25.000 metros cúbicos por hora, pero la planta apenas trata unos 5.000. En varios puntos costeros se detectaron sólidos cloacales flotando, peces muertos y olores intensos. Basta con asomarse a un pequeño muelle, donde incluso algunos pescadores temerarios tiran la caña, para sentirlo.
A eso se suma la falta de controles, el abandono de la infraestructura existente y la inacción estatal frente a una situación que empeora año tras año. El panorama ya activó causas sociales, judiciales y un pedido de informes desde la Legislatura bonaerense.
Una de las denuncias fue impulsada por la ONG Nuevo Ambiente, que expuso el estado crítico de la planta administrada por ABSA. Denunciaron que se dejaron de usar los tamices —único mecanismo que separaba sólidos—, lo que implica que actualmente se estarían volcando residuos cloacales al río sin filtrado ni tratamiento.
“Antes existía un emisario que entraba 600 metros río adentro. Eso ya no está más y la desembocadura es directamente en la playa, hace más de una década. Es un problema no resuelto, que empeora con el crecimiento poblacional y de residuos”, explicó a este medio Gerardo Leotta, investigador del Conicet e integrante de la organización ambiental. La normativa permite 2.000 unidades coliformes por cada 100 ml de agua, pero en Berisso se hallaron más de 7 millones de bacterias como E. coli o salmonela. El estudio también detectó restos de antibióticos, ibuprofeno, diclofenac y microplásticos en once especies de peces.
Desde la ONG afirman que la planta funciona de manera parcial y deficitaria desde su inauguración, sin adecuarse jamás al caudal actual. El impacto ambiental, remarcan, “es significativo y permanente”. Por eso, presentaron un informe ante el municipio de Berisso y también ante la gobernación, con propuestas a corto, mediano y largo plazo.
Primero, piden prohibir el acceso a playas contaminadas como Bagliardi y Palo Blanco. También exigen señalizar y restringir la zona de descarga. Aunque hay carteles de prohibición, no hay controles y la gente sigue en contacto con el agua, sobre todo en verano. A mediano plazo, plantean construir un emisario de descarga de al menos 600 metros. A largo plazo, proponen una planta de tratamiento moderna. Para eso, ABSA debería invertir unos 250 millones de pesos, pero no hay voluntad política para ejecutarlo. Actualmente, la empresa cobra por el servicio de desagües cloacales cerca del 50% de la factura mensual. “Estamos pagando por un servicio que no funciona. Creemos que al apretar el botón del inodoro, los desechos son tratados, pero no es así. El Estado no puede seguir mirando para otro lado”, advirtió Marcelo Garófalo, presidente de Nuevo Ambiente.
En esa línea, el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón (PRO) presentó en junio un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof. El documento exige saber cuántos puntos de vuelco hay activos, si existen protocolos ante derrames, la frecuencia de inspecciones, el estado de las plantas y si hubo casos de enfermedades vinculadas al agua. También se pide información sobre sanciones: si se labraron actas o hubo penalizaciones contra ABSA o terceros. Sin embargo, el informe sigue sin tratamiento en la comisión de Ambiente.
En el plano judicial, los abogados ambientalistas Fernando Monticelli y Aníbal Falbo denunciaron a ABSA por “tratamiento inadecuado” de los desechos. La Justicia dictó una medida cautelar para implementar un plan provisorio, que debe financiarse con un porcentaje de las tarifas que pagan los usuarios. “Estamos esperando resoluciones”, dijeron fuentes del estudio a este medio, que podrían conocerse en agosto.
Consultada por El Editor Platense, la empresa emitió una respuesta desde la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), que sigue la obra correspondiente. Según explicaron, está neutralizada desde agosto de 2024 por la necesidad de revisar elementos del proyecto, dividido en tres partes: reparación de la estación de bombeo cloacal, instalación de una nueva cañería de impulsión y refacción de la planta depuradora.
“En los primeros meses de 2025, la contratista planteó cambiar el material por dos motivos: la dificultad para excavar por el tipo de suelo desmoronable y las interferencias en zona urbana que dificultan colocar una cañería de gran diámetro”, señalaron.
Añadieron que desde enero a julio de 2025 trabajaron junto a la Dirección Técnica de Programas y Proyectos de la DIPAC para encontrar una alternativa técnica y económica viable para la obra. También se modificó el proyecto original para permitir mantener operativa la estación de bombeo durante la instalación de la nueva impulsión, reparación de cañerías, bombas y válvulas, bombeando el líquido hacia la planta.
“La neutralización de la obra responde a la evaluación de las mejores alternativas técnicas y económicas para avanzar con el proyecto y su ejecución. Además, se continuó con el análisis de ingeniería de detalle de los distintos componentes”, concluyeron.
Los denunciantes advierten que la demora genera un daño ecológico acumulativo y pone en riesgo la biodiversidad. Ya se documentaron mortandad de peces, proliferación de algas tóxicas, contaminación bacteriológica y degradación de las costas. También crece la preocupación por el impacto en la salud de la población, ya que el Río de la Plata es una de las principales fuentes de agua potable de la región.
Pese a la gravedad del cuadro y los reclamos acumulados de organizaciones civiles, particulares y funcionarios, aún no hubo respuestas efectivas. Con una planta que no trata y una empresa que no actúa con celeridad, la situación amenaza con convertirse en un escándalo sanitario si no se toman medidas urgentes. Por ahora, las aguas del Río de la Plata siguen recibiendo sin pausa lo que debería tratarse con responsabilidad y previsión.