El Gobierno de Lula da Silva presentó un proyecto de ley para defender las instituciones democráticas que propone instaurar penas de hasta 40 años de cárcel para quien atente contra el presidente o los líderes de los otros poderes en Brasil.
La medida establece penas "de 20 a 40 años de prisión" para delitos que atenten contra la vida "del presidente de la República, vicepresidente, del presidente del Senado y/o Cámara de Diputados, de los jueces del Tribunal Supremo Federal y del procurador general" de Brasil.
El anuncio se produce una semana después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes, objetivo habitual de insultos de bolsonaristas radicales, fuera increpado junto a su familia en el aeropuerto internacional de Roma.
El proyecto de ley del Gobierno también prevé penas de seis a 12 años de cárcel para quien organice o lidere movimientos antidemocráticos y de ocho a 20 años para quien los financie.