Los abogados de Felicitas Alvite acusan a Fernando Padován de haber restringido el acceso a información cargada en el sistema judicial. Los detalles
La Toretto, en una audiencia clave en La Plata
El expediente por la muerte de Walter Armand, el motociclista que fue atropellado en abril de 2024, volvió a generar ruido en los tribunales platenses. En la segunda audiencia preliminar, la defensa de Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, presentó un fuerte planteo contra el fiscal de instrucción Fernando Padovan, al que acusó de haber ocultado evidencia a la defensa.
Los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irrisarri sostienen que parte del material probatorio —incluyendo registros de pericias, archivos de video y testimonios— fue cargado en el sistema informático del Ministerio Público (SIMP), pero configurado de forma tal que la defensa no podía visualizarlo desde su sesión. Según plantearon, eso habría limitado el derecho de acceso a la prueba y afectado la validez del proceso.
“Nos encontramos con documentación que está dentro del sistema, pero no disponible para esta parte. No sabemos si fue un error o una maniobra deliberada, pero tenemos que constatarlo antes del juicio”, argumentaron los defensores ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard.
El reclamo incluyó además un pedido para que el propio Padovan sea citado como testigo, con el fin de que explique cómo se gestionó la carga del material durante la instrucción. Tanto la fiscalía como la querella rechazaron de inmediato la solicitud porque existe una resolución de la Procuración que lo impide.
“Los defensores se pelearon mucho con el fiscal durante la instrucción y ahora querían usar el juicio para interrogarlo”, dijo a El Editor Platense el abogado Fabián Améndola, representante de la familia Armand. “Es más o menos lo que expresé en la audiencia: intentan transformar el debate en una causa paralela contra el Ministerio Público, y eso no corresponde”, agregó.
El tribunal rechazó el pedido de nulidad y la citación del fiscal, al entender además que no había elementos nuevos que justificaran volver sobre la instrucción ya revisada por la Cámara. Sin embargo, la defensa se adelantó y pidió por escrito una pericia informática sobre el sistema SIMP, para determinar si efectivamente hubo archivos ocultos a su acceso.
Las dos audiencias que se realizaron previo al juicio tuvieron un desarrollo cargado de tensión. Los abogados expusieron detalladamente su planteo, aseguraron que hay archivos supuestamente inaccesibles y describieron cómo esto habría afectado su preparación. Por su parte, la querella y el fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, cuestionaron la relevancia de los argumentos y defendieron la actuación de Padovan. En varios momentos, hubo cruces y reproches sobre la actuación del fiscal de instrucción y la supuesta intención de dilatar el debate.
El tribunal debió frenar varias veces las intervenciones para ordenar los planteos y permitir que cada parte hablara sin interrupciones. La jueza a cargo insistió en que “los incidentes procesales no pueden convertirse en el eje del debate, sino que hay que centrarse en la preparación para el juicio”. A pesar de la firmeza de los magistrados, la audiencia dejó claro que las diferencias entre defensa y fiscalía son profundas y podrían prolongar los tiempos del proceso.
Según pudo saber este medio, si la defensa accede a la pericia informática sobre el SIMP, que aún está en trámite, el análisis técnico podría demandar varios meses, ya que requiere la intervención de la Dirección de Informática Judicial y peritos de parte. Ese procedimiento permitiría constatar si los archivos fueron configurados de manera que la defensa no pudiera acceder a ellos desde su sesión, aunque ya estén cargados en el sistema.
Las dilaciones en la causa no son nuevas. En audiencias previas, los defensores ya habían intentado apartar al fiscal Padovan, y cada planteo de nulidad o recusación obligó al tribunal a resolver incidentes antes de avanzar en la preparación del debate oral. Todavía queda pendiente la tercera audiencia preliminar, donde se terminará de definir la prueba que se incorporará al juicio. Esta jornada aún no tiene fecha, ya que la abogada de Valentina Velázquez, la amiga de “La Toretto”, tiene licencia casi todo noviembre, al igual que el fiscal Chiorazzi que se ausentará al menos dos semanas.
Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de cárcel. La acusan de haber atropellado y matado a Walter Armand mientras conducía a alta velocidad en La Plata y corría una supuesta picada con Valentina. La defensa insiste en que se trató de un hecho culposo y que la imputada no tuvo intención de causar daño.
La joven, que está bajo arresto domiciliario en su casa de Gonnet, estuvo presente en la audiencia casi todo el tiempo tratando de resguardar su imagen y evitar fotos. La sala se llenó de familiares y amigos.
Mientras el expediente sigue sumando presentaciones y tensiones, en los tribunales admiten que el clima está cada vez más enrarecido. “Acá no hay un problema técnico, hay una pelea política entre la defensa y el fiscal. Y eso termina afectando todo el proceso”, resumió una fuente judicial que sigue de cerca el caso.
Con la tercera audiencia aún pendiente y la pericia sobre el sistema en evaluación, el futuro del juicio de “La Toretto” sigue abierto y cada vez más lejos en el calendario, con la posibilidad concreta de que el debate oral se realice recién en 2026.