El juez Sebastián Casanello procesó al extitular de la ANDIS por múltiples delitos. Spagnuolo es señalado como uno de los jefes de la asociación ilícita
Diego Spagnuolo es uno de los principales investigados
El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de corrupción montado dentro del organismo desde el inicio de la administración de Javier Milei.
Spagnuolo es considerado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que habría operado desde el interior de la Andis con el objetivo de obtener beneficios económicos a través del direccionamiento de contrataciones y la aplicación de sobreprecios. Según la investigación, el entramado comenzó a funcionar durante los primeros meses de la actual gestión nacional.
De acuerdo al expediente, Spagnuolo está acusado por los delitos de cohecho activo, fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Junto a él, Casanello también procesó a otros posibles organizadores de la maniobra, entre ellos Daniel Garbellini, exsubdirector de la Andis, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
El fallo remarca que estos últimos, vinculados al sector de las droguerías y con antecedentes de participación en distintas gestiones políticas, habrían ejercido influencia sobre el manejo del organismo desde fuera de la estructura formal del Estado.
De acuerdo al expediente, la asociación ilícita habría direccionado licitaciones y manipulado procesos de contratación en perjuicio de la administración pública, afectando directamente el funcionamiento de un área sensible como la Agencia Nacional de Discapacidad. En total, el juez procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados del organismo y particulares que habrían cumplido distintos roles dentro de la presunta estructura delictiva.
En uno de los pasajes más contundentes de la resolución, Casanello sostuvo que durante el inicio de la gestión actual “se montó un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, y subrayó la existencia de una actuación coordinada entre funcionarios públicos y operadores externos.