El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca con políticas contra la diversidad de género envalentonó al presidente Javier Milei que acelera un proyecto que buscará eliminar “todo tipo de discriminación positiva”. La intención del Ejecutivo es ponerle fin a la emisión de DNI no binarios, el cupo trans en el Estado y la tipificación del delito de “femicidio”.
El documento sobre el que trabaja el Ejecutivo se denomina “ley de igualdad ante la ley” y pretende pasar la motosierra sobre políticas públicas con perspectiva de género que impulsó la administración de Alberto Fernández. El encargado de llevar adelante el trazo fino del texto es el asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde Casa Rosada resaltan que el objetivo es derogar leyes consideradas como “discriminación positiva”, que, según el Gobierno, generan un trato diferencial ante la ley. “No tiene sentido que sigan existiendo”, subrayaron sobre las normas a las que consideran extorsivas, una postura que el propio Javier Milei se encargó de llevar ante el mundo en su reciente presentación en el foro de Davos.
“Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, subrayó el Jefe de Estado ante mandatarios y destacados empresarios de todo el mundo.
El cupo trans, uno de los objetivos
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (Nº 27.636) impulsada durante la administración de Alberto Fernández en 2021 es uno de los principales objetivos de la Casa Rosada. Esta norma estableció que un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional debían ser ocupados por profesionales que sean parte de ese colectivo.
El Gobierno también buscará dejar sin efecto el Decreto 476/2021 que permite reconocer a personas no binarias a través de la elección de la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte Argentino. A fines del año pasado se conoció la intención del Ejecutivo de eliminarlo con el argumento del escaso número de ejemplares que se emitieron desde la creación de la medida: según datos oficiales, fueron 1.693 personas las que iniciaron el trámite para poder solicitarlo.
Otro de los fines del proyecto es anular la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que impacta en la confección de listas de candidatos a senadores y diputados nacionales con la obligación de ubicar de manera intercalada mujeres y varones.
La administración liberal pretende también derogar la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743) y algunos puntos de la Ley Micaela (Nº 27499), promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para los trabajadores del Estado.
Debate con tono de campaña
A finales de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni, había anunciado la creación de esta normativa que sigue las directrices del liberal. “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.
“Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin”, sumó entonces. Un anticipo de la índole que lleva esta iniciativa que se pretende discutir en el corto plazo.
Si bien la administración liberal no baraja una fecha específica para impulsarlo al Congreso, la intención del entorno de Javier Milei es que salga a la luz en las próximas semanas a fin de que se convierta en una de las discusiones en medio de la campaña electoral de las Legislativas 2025. La disputa por las políticas de género será una de las contiendas que pretende dar la Casa Rosada en el marco de la Batalla Cultural.