El gobernador Axel Kicillof envió el Presupuesto 2026 con la idea de aprobarlo antes del 10 de diciembre. Todos los sectores pelean por su porción de la torta
El gobierno de Axel Kicillof envió el paquete económico conformado por el tridente Presupuesto 2026 - Ley Fiscal Impositiva y pedido de endeudamiento (o en palabras del Ejecutivo, “Ley de Financiamiento") a la Legislatura bonaerense, con la intención de tener la hoja de ruta para la administración provincial en el año próximo.
La presentación, a cargo del ministro de Economía, Pablo López, y del Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), Cristian Girard, contó con la presencia de legisladores e intendentes de todos los palos, y dejó sensaciones diferentes en cada una de las tribus.
La intención del Gobernador es aprobar las tres leyes antes del recambio legislativo, es decir, antes del 10 de diciembre. Para eso, deberá aceitar al máximo los mecanismos de negociación para convencer a propios y ajenos, en un contexto de máxima tensión interna en el oficialismo y con una oposición que volvió a mostrar los dientes después de las elecciones nacionales, esas que dejaron a Kicillof en el ojo de la tormenta por haber desdoblado los comicios.
El punto que más rispideces genera con los diputados y senadores de la oposición es el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta que los intendentes piden a gritos y que el Ejecutivo ubicó en un 8% del endeudamiento establecido en la Ley de Financiamiento. En palabras de Pablo López, este fondo está destinado “para que los municipios tengan fondos adicionales para llevar adelante proyectos de infraestructura". Desde la UCR advierten que no se moverán del pedido para que ese Fondo contenga un “número fijo y que sea de libre disponibilidad”. La oposición, en su conjunto, busca avanzar con su propia versión del proyecto, levantando la bandera de la previsibilidad y el control sobre el gasto.
También miran con recelo la Ley Fiscal Impositiva, que según Cristian Girard, traerá, para 2026 una importante reducción nominal en el Impuesto Inmobiliario -tanto urbano como rural- y una baja en la patente (Impuesto Automotor). “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dijeron a El Editor Platense desde uno de los bloques opositores. Al cierre de esta nota, los legisladores consultados todavía no habían tenido acceso a la letra chica de cada una de las leyes, por lo que reina la cautela a la hora de dar opiniones. “Por ahora vimos un Power Point”, subrayan.
Asimismo, es un secreto a voces que la discusión estará signada por el reclamo -más allá de los números finos- para poner en discusión los cargos provinciales que todavía siguen vacantes, principalmente en el directorio del Banco Provincia y en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Sin esos cargos sobre la mesa, avisan desde la oposición, no habrá discusión sobre el endeudamiento.
El diálogo es tenso; legisladores de la oposición critican que “no entendemos cómo quieren negociar si no llaman, no dialogan”, insistiendo en que el quid pro quo de la gobernabilidad pasa ineludiblemente por esos casilleros institucionales. Desde Calle 6 rezongan porque entienden que son debates que deberían darse por separado, pero también saben que hay poco margen para plantarse. La premisa es clara: sin consenso para llenar esas vacantes, el paquete económico seguirá en stand by.
Los tiempos para el debate del presupuesto 2026 también serán clave a la hora de encarar las negociaciones, ya que habrá apenas un mes y algunos días para conseguir un dictamen en comisiones que llegue al recinto de ambas cámaras para ser aprobado. La nueva composición de la Legislatura es un arma de doble filo para las aspiraciones del Gobernador, que logró ubicar más dirigentes propios que los que tenía, pero que sigue en desventaja respecto de La Cámpora, el gran enemigo interno con el que tendrá que lidiar antes que con la oposición. El Frente Renovador, mientras tanto, asume un rol de bisagra pragmática, con reportes que apuntan tanto a sus demandas como a su rol clave en la construcción de los consensos.
El lunes en Gobernación, después del discurso de Kicillof anunciando el envío de las leyes al Parlamento, la siempre picante Mayra Mendoza volvió a pedir por el fondo para los intendentes, en sintonía con la oposición. La jefa comunal de Quilmes, una de las voces más críticas hacia el Kicillofismo, salió del acto con el dato punzante: “Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios”.
La crítica de la jefa camporista es un indicador de que el "fuego amigo" será tan o más difícil de apagar que la resistencia opositora. Dirigentes de La Cámpora ya anticiparon que “revisarán punto por punto” el Presupuesto y que “no acompañarán sin condiciones”, recordando que fue la falta de apoyo interno lo que contribuyó a bloquear las leyes de endeudamiento del ejercicio anterior. El riesgo de no aprobar la ley recaerá, en parte, sobre los sectores internos que obstaculicen el plan.
Con todos los actores pidiendo su cuota de poder o recursos –la oposición exigiendo cargos y fondos municipales con libre disponibilidad, y el sector interno pidiendo una tajada mayor en la inversión territorial– el gobierno de Axel Kicillof encara la recta final de las sesiones legislativas con una estrategia de alto riesgo.
Lograr la aprobación antes del 10 de diciembre implicará, necesariamente, ceder espacio institucional en los puestos clave y asegurar una porción de recursos a los municipios. La gobernabilidad se paga con concesiones, y el Ejecutivo bonaerense está contra el tiempo para definir el costo político que está dispuesto a asumir. La balanza pende entre tener un Presupuesto propio para 2026 o arrastrar la incertidumbre de la Ley de Leyes al nuevo período.