La noticia se dio a conocer en las últimas horas, al mismo tiempo que se informó que allanaron la casa del ex intendente de La Plata
En el marco de la causa de los barrios cerrados ilegales en La Plata, se confirmó en las últimas horas la imputación del ex intendente Julio Garro por delitos de “Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.
Se trata de la causa de los 400 barrios cerrados de la Ciudad, cuya aprobación del Concejo Deliberante fue impulsada por el ahora ex jefe comunal. En tanto, además de Garro, estarían involucrados otros ex funcionarios de la gestión anterior, y se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares.
Entre la lista de los ex funcionarios imputados se encuentran los nombres de María Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
Asimismo, más allá de esta imputación, el fiscal a cargo de la causa también pidió que se investigue sobre una documentación que delata sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell.
Según se lee en el texto en cuestión, los barrios ilegales por los que ahora se imputa a Garro son urbanizaciones que violaban la ley provincial de uso del suelo, lo que las convertía en nulas.
Asimismo, el documento señala: “De los elementos reunidos en la presente investigación se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento”.
“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas/desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares), ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos. En ésta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas", cierra el texto.