La oposición pide conocer estadísticas y mecanismos de prevención ante los casos de agresiones y amenazas que se multiplican en las escuelas de la provincia
Se acumulan los casos de violencia en la Provincia
El debate por la creciente violencia en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires volvió a irrumpir en la agenda de la Legislatura. La oposición impulsó un proyecto para que la administración de Axel Kicillof exponga datos precisos sobre la escalada de episodios registrados en establecimientos educativos de toda la provincia.
La senadora de Unión y Libertad, Silvana Ventura, reclamó información oficial y actualizada sobre agresiones físicas, amenazas y otros episodios conflictivos que afectan a los colegios bonaerenses. La intención de la iniciativa es revisar los protocolos vigentes y evaluar medidas de prevención que permitan optimizar las intervenciones en situaciones de riesgo.
En el escrito, la senadora requiere estadísticas recientes sobre casos de violencia entre alumnos y un detalle de los distritos donde se registran mayores incidentes. A la vez, consulta si las instituciones cuentan con equipos interdisciplinarios para actuar ante situaciones críticas, cuántos profesionales los integran y qué programas de capacitación se ofrecen para fortalecer esa labor.
La iniciativa también apunta a conocer las acciones de control y prevención implementadas por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), así como los procedimientos disciplinarios previstos frente a episodios graves dentro o fuera del ámbito escolar.
En esa línea, Ventura pidió precisiones sobre la aplicación de la “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar”, y consultó si la DGCyE evalúa actualizar ese material para adaptarlo al escenario actual.
Otro de los puntos del pedido de informes se centra en los mecanismos de articulación entre el Ministerio de Educación provincial, el Ministerio de Seguridad y los municipios ante hechos de violencia que ocurren durante el horario escolar o en los accesos y alrededores de los establecimientos.
La legisladora también solicitó información sobre la asistencia que el Estado brinda a las familias y al personal docente afectado por este tipo de situaciones, y preguntó si existen estrategias para frenar la escalada de conflictividad.