La embestida de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense ahora arremete contra la industria audiovisual: quieren eliminar el INCAA de Kicillof
¿Adiós al INCAA bonaerense?
El senador provincial Matías de Urraza, con apoyo del bloque de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara alta de la Legislatura bonaerense para derogar la Ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual. El denominado INCAA bonaerense fue aprobado en diciembre y reglamentado por Kicillof a principios de este año.
El proyecto, ingresado en las últimas horas en el Senado provincial, propone dar de baja de un solo trazo todo el andamiaje institucional creado por la ley: desde el fondo de fomento hasta el consejo asesor y los distintos programas de incentivo. La iniciativa se inscribe en la lógica que viene sosteniendo LLA: reducir el gasto público y limitar la intervención estatal en áreas consideradas no esenciales.
El eje del proyecto está puesto en el costo fiscal del esquema y en la crítica a los mecanismos de subsidio. Desde esa mirada, los recursos destinados al desarrollo audiovisual deberían redirigirse a áreas como salud, educación o seguridad. La cultura, en ese marco, aparece más como un gasto prescindible que como una inversión estratégica. Una definición que reabre una discusión de fondo: qué lugar ocupa la producción simbólica dentro de las prioridades del Estado.
Sin embargo, la ley sancionada a fines de 2025 había nacido con otra lógica. Impulsada por la gestión de Axel Kicillof, plantea al sector audiovisual no solo como expresión cultural, sino también como motor económico, generador de empleo y articulador de una cadena productiva que va desde técnicos y actores hasta pymes, universidades y polos tecnológicos. En ese esquema, el llamado INCAA bonaerense busca proyectar una industria que, hasta ahora, dependía en gran medida de políticas nacionales o de iniciativas aisladas.
La propuesta libertaria, entonces, no solo cuestiona una ley reciente: también pone en tensión dos formas de entender el desarrollo. De un lado, un Estado que invierte para encender cámaras, sostener rodajes y construir una identidad audiovisual propia. Del otro, una visión que prefiere correrse de la escena y dejar que sea el mercado quien decida qué historias se cuentan y cuáles quedan fuera de cuadro.
En el medio, una industria que todavía está en proceso de consolidación. Productoras independientes, realizadores emergentes y espacios de exhibición regionales ven en el fondo de fomento una herramienta para sostener proyectos que difícilmente encontrarían financiamiento en circuitos comerciales. No se trata solo de números: también está en juego la posibilidad de narrar lo propio, de construir relatos desde el territorio bonaerense y no únicamente desde los grandes centros de producción.
Claro que el debate no es lineal. Incluso dentro del sector cultural aparecen matices: hay quienes señalan la necesidad de mejorar la transparencia en la asignación de fondos o de evitar estructuras burocráticas que terminen alejándose de su objetivo inicial. En ese punto, la discusión que propone el proyecto de De Urraza toca una fibra sensible: cómo hacer eficiente una política pública sin vaciarla de sentido.
Por lo pronto, la iniciativa tiene un recorrido legislativo incierto. Sin mayorías propias, su aprobación parece lejana. Pero su presentación ya cumple una función política: instala en agenda una pregunta incómoda. ¿Debe el Estado financiar la cultura, o limitarse a garantizar condiciones generales para que el sector se desarrolle por sí solo?
La respuesta, como en toda buena película, todavía está en construcción. Y quizás el riesgo no sea tanto el debate en sí, sino que la discusión se salde antes de tiempo, bajando la persiana de una sala que recién empezaba a proyectar sus primeras imágenes.