La administración de Axel Kicillof dio por concluido el trámite que inicio AFA en 2024 y afirmó que la IGJ “carece de legitimidad” para intervenir
El gesto de Kicillof a Tapia en medio del escándalo AFA
En medio de la escalada de tensión en la causa por presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), el Gobierno de Axel Kicillof confirmó el traslado del organismo a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) lo había rechazado. De este modo, desde ahora quedó bajo la órbita exclusiva del Gobierno provincial.
La medida fue oficializada mediante una resolución administrativa del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Allí se dio por concluido el trámite de cambio de jurisdicción y se rechazó cualquier injerencia de la IGJ, que había intentado frenar la mudanza con el argumento de presuntas irregularidades contables y cuestionamientos sobre la existencia de la nueva sede.
La resolución lleva la firma de la directora provincial, Silvia García, y sostiene que el organismo porteño “carece de legitimidad” para intervenir en la vida institucional de la entidad desde que se autorizó su inscripción en territorio bonaerense, a fines de 2024.
El cambio de domicilio legal se inició formalmente el 17 de octubre de 2024, cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por unanimidad la reforma del estatuto para fijar el domicilio en la provincia de Buenos Aires. El acta dejó asentado que la entidad pasaría a estar inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y que su domicilio social se establecería en territorio bonaerense.
Días después, el 23 de octubre, el Comité Ejecutivo definió las sedes específicas que fueron protocolizadas por escritura pública: la sede administrativa en la calle Mercedes 1366, en Pilar, y la sede deportiva en el predio Lionel Andrés Messi, en el partido de Ezeiza.
Sin embargo, la IGJ emitió la Resolución 140 denegando la cancelación de la inscripción en la Capital Federal. Tras una inspección, el organismo porteño sostuvo que la dirección declarada en Pilar correspondía a una “localización territorial inexistente”, profundizando el conflicto administrativo.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas afirmó que la IGJ “parece confundir los conceptos de domicilio y sede social” y aclaró que el domicilio determina la jurisdicción competente. Una vez decidido el cambio por la asamblea, la fiscalización corresponde exclusivamente a la autoridad que recibe a la entidad.
“Mal se podría sostener que dicho organismo conserva facultades para la aprobación e inscripción de la reforma del estatuto por cambio de domicilio a jurisdicción provincial”, sostiene la resolución.
Además, advierte que permitir que dos organismos estatales controlen el mismo acto corporativo sería una conclusión “inadmisible” y contraria al diseño federal previsto por la Constitución Nacional.
Esta resolución administrativa desactiva el reciente avance del Ministerio de Justicia de la Nación, que a pedido de la IGJ buscaba designar veedores en la AFA. El objetivo de esa veeduría era acceder a información contable de 2025 y auditar la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), además de revisar contratos comerciales con las firmas TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas.
Desde la IGJ, el inspector Daniel Vítolo justificó el pedido de veedores por la existencia de “graves irregularidades”. Por su parte, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, calificó la situación como una “ficción jurídica” y una “intromisión indebida”. Tras conocerse la decisión provincial, Dalbón publicó en sus redes sociales: “CHAU VEEDORES. Se terminó la ficción jurídica... El fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió”.