En los últimos días el Gobierno publicó una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde establecieron nuevos lineamientos vinculados a planes de salud de las obras sociales y prepagas. Los mismos tendrán requisitos específicos en lo que respecta a la presentación de cartillas de prestadores, condiciones de acceso y cobertura y ya entró en vigencia.
Uno de los puntos que más llamó la atención, fue que a partir de este documento publicado en el Boletín Oficial, quienes podrán emitir las recetas y órdenes de tratamiento necesarios para que los pacientes que cuentan con este tipo de cobertura, serán únicamente los profesionales incluidos en las cartillas de cada prepaga. En cambio los afiliados a planes abiertos continuarán con las mismas prestaciones.
Según indicaron, esta disposición busca “garantizar la sostenibilidad del sistema” y, desde el Ministerio de Salud, mencionaron que se apunta a los medicamentos de alto costo, que en muchos casos eran prescritos por profesionales que no forman parte de los prestadores de las compañías. De esta manera, el Gobierno espera que esta Resolución pueda ser un reaseguro ante la judicialización de casos para reclamar la cobertura de fármacos de precios elevados como algunos oncológicos, genéticos o experimentales.
Por su parte, para que sea efectiva la cobertura de prescripciones que emita un profesional que esté por fuera de la cartilla, el afiliado tendrá que pasarse a un plan abierto que permite elegir entre los servicios de prestadores de cartilla o externos, pero por lo general, tiene un costo más elevado.
Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, argumentó que esto fue impulsado porque “hemos notado un elevado número de recetas prescritas por médicos no especialistas, que no tienen contacto con el paciente o tienen un contacto transitorio y emiten un diagnóstico presuntivo, que termina afectando al sistema con medicamentos de alto precio”, y agregó: “Lo que tratamos de evitar es que un médico que no conoce tanto la historia clínica de un paciente termine prescribiendo un medicamento de alto precio, que lo termina pagando el sistema”. Y con esto, afirman estar en búsqueda de ordenar y mejorar “un sistema de salud que está en emergencia” desde 2002.
Sin embargo, esta medida generó preocupación porque podría complicar el acceso a medicamentos de afiliados a prepagas u obras sociales que por distintos motivos van a atenderse con profesionales que no forman parte de su cartilla de salud. Además, desde el Gobierno sostuvieron que hay médicos que “mantienen vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica” por eso, para “transparentar estas situaciones y evitar conflictos de intereses”, informaron que se les “exigirá una declaración jurada del profesional médico que deberá confirmar la inexistencia de vínculos con los laboratorios productores de los medicamentos recetados o con los proveedores de las tecnologías médicas sugeridas”.
Meses atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue contundente al decir que las prepagas le habían declarado “la guerra a la clase media”, debido a los aumentos que fueron realizando desde la asunción de Javier Milei. Sin embargo, declaró que “de alguna manera hay que hacerlas competir”, más allá que eso esté desregulado en el sector mediante uno de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos al principio de la gestión.
Pero el problema principal en esta supuesta competencia, planteada por Caputo, radica en que los dueños de las mismas son unos pocos y son ellos mismos quienes negocian el precio del mercado. Además, otra de las dificultades que se presentaron a simple vista, tiene que ver con que las personas mayores o con enfermedades graves no pueden cambiar de empresa de medicina privada.
En Argentina, el 15% de la población tiene cobertura de medicina prepaga, es decir 6,7 millones de personas. De todos ellos, el 40% son afiliados directos, mientras que el 60% derivan de sus aportes de la obra social o por planes corporativos brindados por su empleador. En ese sentido, se relevaron diez empresas como las que controlan el 83,4% del mercado, las cuales fueron denunciadas por el partido Coalición Cívica (CC), por cartelización, es decir realizar acuerdos para reducir o eliminar la competencia en el mercado y quedarse un mismo sector, con las ganancias.
En primer lugar, reportaron que OSDE controla el 31,3% del segmento. Cabe destacar que esta asociación civil es presidida por Martín Pochat, dueño de concesionarias de autos como Car One, Bleu, Gaulois, Burg, Stampa y Wagen y de Consultores en Desarrollos Tecnológicos (CDT).
Swiss Medical se ubica en segundo lugar, controlando el 14,8%. Es la empresa perteneciente a Claudio Belocopitt, un contador que está en el puesto 27° del ranking de millonarios argentinos elaborado por la revista Forbes, con una fortuna de US$440 millones. Además, es dueño de otras prepagas, del sanatorio Los Arcos y en lo que respecta a medios de comunicación, es socio del Grupo América, con un 40% de las acciones.
Galeno dispone del 8,3%. Pertenece al médico cirujano Julio Fraomeni, dueño de los sanatorios La Trinidad y Mitre, de una aseguradora y de Efectivo Sí. En el ranking de Forbes de 2020 apareció en la posición 13°, con US$710 millones. Por otro lado, Sancor Salud es una asociación mutual que domina el 7,8% del mercado. Nació en la cooperativa láctea Sancor, en Sunchales, provincia de Santa Fe, pero después se independizó.
Medifé tiene el 4,7% del sector. Pertenece a la asociación civil Acción Social de Empresarios (ASE), cuyo presidente es Jorge Piva, también director del sanatorio Finochietto e hijo de un histórico empresario pyme del transporte. A estas le sigue Mutual Jerárquicos con el 3,1% del negocio y luego, Medicus, contaría con el 3%, teniendo en cuenta que parte de sus acciones pertenecen a Swiss Medical.
“Son empresas que están prestando el mismo servicio a la sociedad y se supone que deberían estar compitiendo por ofrecer mejores precios o mejores servicios (...) Pedimos que se analice el marco normativo y regulatorio para entender cuáles son los impedimentos legales que evitan que los pacientes no puedan entrar y salir libremente de las empresas de salud”, dicta, entre otras cuestiones, la denuncia radicada por CC.