La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este lunes la nulidad de los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron sus sobreseimientos y ordenaron que llame a juicio oral en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Su defensa, a cargo de los jueces Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, consideró que las resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que fue cesanteada por la Corte Suprema de Justicia al llegar a la edad límite de jubilarse, pero cuyo pliego fue aprobado la semana pasada por el Senado por lo que, cuando obtenga la firma de Alberto Fernández, podrá continuar como magistrada de la Cámara de Casación Federal por 5 años más.
“A tal efecto la Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada (Ana María Figueroa) a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa”, precisó el texto presentado por la defensa.
La presentación hace referencia a los fallos firmados por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone el pasado 18 de septiembre en los que se ordenó que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y por el Memorándum con Irán, para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA por presunto encubrimiento. De este modo, se revocaron los sobreseimientos de la Vicepresidenta en ambas causas.
En el escrito, Beraldi y Llernovoy calificaron de “arbitraria” cada resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque no explicaron “las razones por las cuales se dictó sentencia únicamente con el voto de dos magistrados”. Si bien en el texto reconocieron que la ley habilita a la Cámara a “dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, los magistrados señalaron que esa norma es de “dudosa constitucionalidad” y que “no les acuerda una prerrogativa discrecional a los magistrados para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.
Tras enumerar el argumento central, precisaron que el Tribunal “no se ha constituido de conformidad con lo previsto en la ley vigente” por lo que “la resolución en crisis resulta nula de nulidad absoluta”.
Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si concede este recurso que habilitaría a la defensa de la exmandataria elevar el reclamo a la Corte Suprema.