El diputado Juan José Esper propone un esquema de Participación Público-Privada para la construcción y gestión de cárceles en la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires podría haber instituciones penitenciarias privadas
Juan José Esper, diputado bonaerense del monobloque Derecha Popular, presentó un proyecto para habilitar la construcción, mantenimiento y gestión operativa de cárceles privadas en la provincia de Buenos Aires, que se llevaría adelante con un esquema mixto de concesión con control estatal, que definió como de Participación Público-Privada (PPP).
“El Estado deja de ser un ‘constructor’ para pasar a ser un ‘comprador de servicios’, pagando solo por plaza disponible y ocupada, lo que garantiza estándares de mantenimiento que hoy el Estado no puede sostener”, indicó el legislador de San Miguel en la Cámara de Diputados.
El texto de la iniciativa establece que las concesiones privadas podrán abarcar el diseño, financiamiento y construcción de infraestructura penitenciaria, además de servicios de hotelería, alimentación, limpieza, salud y asistencia psicológica. Además incluye programas de capacitación laboral, reinserción y talleres industriales para la resociabilización del reo que quedarían bajo la órbita del concesionario.
El proyecto propone dividir las funciones penitenciarias en dos estructuras diferenciadas, donde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mantendría el control externo de los establecimientos, además de los traslados de detenidos y personal civil contratado por las concesionarias quedaría a cargo de la seguridad interior, el tratamiento penitenciario y la administración cotidiana de las unidades.
La letra de la iniciativa también fija límites explícitos sobre las funciones que no podrán delegarse, como la custodia legal de los internos, la potestad disciplinaria máxima y la seguridad exterior de las unidades, que seguiría a cargo del SPB.
Además habrá un mecanismo de contro externo para los concesionarios denominado Auditoría Externa de Cárceles Privadas, que supervisará mes a mes el estado edilicio de las unidades, la calidad nutricional de los internos y los índices de reincidencia de las personas liberadas de esos establecimientos.
Logicamente el proyecto fija estándares mínimos de habitabilidad y obliga a las concesionarias a cumplir tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), por lo que cualquier incumplimiento grave de estándares de bienestar o seguridad habilitará la rescisión inmediata del contrato sin indemnización para la empresa prestataria.
Los fundamentos de la presentación, argumentan la necesidad urgente de construir nuevas unidades carcelarias, frente a los altos niveles de hacinamiento que atraviesan las cárceles bonaerenses en donde el concepto de "cama caliente" genera problemas en la habitabilidad de las unidades carcelarias.