El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, confirmó en conferencia de prensa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires busca legalizar la actividad de los trabajadores de las apps, que hoy no tienen una legislación que los contenga y los ampare.
Para ello, desde la cartera laboral provincial se preparó un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura para promover un "Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales", con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo decente en una modalidad en permanente crecimiento.
"La iniciativa propone facilitar el acceso a derechos, servicios de emergencia, información y herramientas de protección, mediante una intervención transversal del Estado provincial en ejercicio de su poder de policía laboral. En consonancia con los debates promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en la economía de plataformas, la propuesta articula seguridad, salud, transparencia y fiscalización, incorporando herramientas tecnológicas acordes a la dinámica del sector y estableciendo un piso mínimo de protección frente a los riesgos propios de la actividad, especialmente la siniestralidad vial" sostiene un informe del ministerio al que accedió El Editor Platense.
Los principales puntos que marca el proyecto que Walter Correa va a presentar en la Legislatura bonaerense
La creación del Plan Integral en un marco de acción transversal entre múltiples ministerios para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios, con enfoque no punitivo basado en el acompañamiento y la presencia del Estado. El Ministerio de Trabajo coordinará una Mesa Interministerial con Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales del sector.
La creación de una aplicación móvil propia - compatible con herramientas como Cuenta DNI - que permita registro ágil, acceso a servicios y construcción de políticas basadas en datos dinámicos y reales. La APP incluirá un “botón de pánico” para alertar a fuerzas de seguridad y un “botón de emergencia en salud” para asistencia inmediata ante accidentes en la vía pública. A través de la APP y en convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, acceso a descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad, fortaleciendo la capacidad operativa de los trabajadores.
La iniciativa impulsa además la creación de un registro en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con inscripción ágil a través de la APP para mejorar la planificación estatal. Y las empresas tendrán la obligación de informar cantidad de trabajadores, situación laboral, promedio de horas e ingresos medios, garantizando mayor transparencia de la actividad. Las plataformas deberán contratar además y a su exclusivo cargo, un seguro que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica/farmacéutica durante jornada y trayecto.
La provincia deberá realizar un fortalecimiento de controles en centros de distribución y almacenamiento, con georreferenciación de puntos para asegurar condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores y se exigirá la instalación de espacios con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas, en coordinación con municipios.
La polémica en los municipios
De tener un recorrido favorable en ambas cámaras, el proyecto se irá de bruces con la situación de varios municipios en los que las apps de transportes son ilegales y que tienen a los taxistas y remisseros buscando darlas de baja, por lo que generará no solo polémica en los recintos de los Concejos Deliberantes, sino también marchas por partes de los trabjadores perjudicados por la legalización.