La bonaerense y la DDI allanaron la Unidad 9 de La Plata y destapó una estructura delictiva dentro del penal. Se vuelve a encender el debate por los celulares
Unidad N°9 de La Plata
Un allanamiento de la Justicia, DDI y la Policía bonaerense llevado a cabo en los últimos días reveló una red de comercio ilegal dentro de la Unidad N°9 de La Plata, y volvió a encender el debate por el uso de celulares en las cárceles de la Provincia.
El operativo, a cargo de la UFI N° 7 de La Plata, con intervención de la Ayudantía de Delitos Intramuros y el apoyo de la DDI local, resultó en el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, anotaciones vinculadas a ventas y cobros, alimentos elaborados y otros elementos destinados al intercambio dentro del penal.
Entre los elementos de interés también se incluyeron medicamentos, cigarrillos y objetos sensibles como una llave de oficina judicial y documentación sobre movimientos internos, lo que amplía el alcance de la investigación hacia la posible gestión de información y recursos dentro del establecimiento penitenciario.
El avance de este tipo de investigaciones se da en paralelo a un recrudecimiento del debate legislativo. En la provincia de Buenos Aires se multiplicaron en los últimos meses los proyectos que buscan prohibir de manera expresa el ingreso, la tenencia y el uso de celulares en las cárceles, con el argumento de reforzar la seguridad y cerrar una puerta clave para la comisión de delitos desde el encierro.
Las iniciativas coinciden en un punto central: plantean que la excepción habilitada durante la pandemia se extendió más allá de su justificación original. En ese marco, proponen volver a un esquema restrictivo, donde cualquier dispositivo con conectividad quede fuera del alcance de los internos, salvo usos puntuales y bajo control penitenciario.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación avanzó en una medida que marca un cambio concreto en el sistema federal. A través de la Resolución 336/2026, el Gobierno autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares activos dentro de las cárceles, con el objetivo de impedir su utilización para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales.
La medida, que también derogó los protocolos de uso más flexibles vigentes desde la pandemia, se apoya en la ley de ejecución penal y en la premisa de que las comunicaciones de los detenidos deben estar supervisadas. El nuevo esquema habilita al Servicio Penitenciario Federal a identificar dispositivos y anular su funcionamiento, en un intento por cerrar un circuito que, según distintas investigaciones, permite planificar estafas, extorsiones y otras maniobras delictivas desde las cárceles.
En la Legislatura bonaerense, el debate sobre el uso de celulares en cárceles ya se tradujo en una serie de proyectos impulsados por distintos espacios políticos. En el Senado, Malena Galmarini (Frente Renovador) presentó una iniciativa para prohibir su uso y reforzar los controles, mientras que desde el PRO hay propuestas de Pablo Petrecca y Alex Campbell en la misma dirección.
En la Cámara de Diputados, el libertario Oscar Liberman promovió la denominada “Ley Rodrigo”, que también apunta a restringir la utilización de teléfonos en unidades penitenciarias. A ese conjunto se suma el proyecto del diputado Juan Martín Malpeli, también del massismo, que propone limitar el uso de celulares e internet dentro de los penales bonaerenses mediante sistemas de control estatal y la instalación de inhibidores de señal.
Un detalle no menor para que cualquiera de estas iniciativas avance es la conformación de las comisiones. Por la temática, se espera que este tipo de proyectos pasen por las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios (en Diputados. Seguridad, a secas en el Senado); Legislación General; Asuntos Constitucionales; y eventualmente Presupuesto e Impuestos. Sin embargo, la falta de acuerdos para conformar cada una de ellas mantiene a la Legislatura bonaerense en una parálisis que ya empieza a llamar la atención.