El diputado Juan Martín Malpeli presentó nuevamente un proyecto para limitar el uso de celulares en las cárceles de la Provincia. Los detalles de la iniciativa
Celulares en cárceles, un debate que crece
El uso de celulares en las cárceles de la Provincia es uno de los temas no electorales que atravesará los debates en la Legislatura bonaerense. En ese sentido, el diputado del Frente Renovador, Juan Martín Malpeli, presentó -por segunda vez- un proyecto tendiente a limitar las comunicaciones desde los penales.
La iniciativa había sido impulsada en 2024, pero al no ser tratada perdió estado parlamentario, por lo que el legislador de La Plata insistirá nuevamente en 2026 con un tema que ya está en la agenda parlamentaria de la Provincia. Cabe señalar que Malena Galmarini presentó en marzo de este año un proyecto similar en el Senado, mostrando la intención del FR de tomar la delantera en una cuestión que preocupa cada vez más.
El texto de Malpeli encarga al Ministerio de Justicia la adquisición e instalación de equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de Telefonía Celular e Internet en el interior de los pabellones y zonas de seguridad internas de los Establecimientos Penitenciarios, aunque contempla una serie de excepciones, que tienen que ver con los Centros Universitarios existentes dentro de las cárceles.
En estos casos, el diputado prevé la restricción de acceso a sitios web mediante el servicio de internet que utilicen exclusivamente aquellos dominios terminados en .edu.ar, y/o aquellos que sean requeridos para exclusivo usos científico, académico o pedagógico.
Por otra parte, el proyecto contempla la instalación de teléfonos públicos fijos y/o inalámbricos y/o los que proporcionen una comunicación controlada en las diferentes penitenciarias, con el fin de garantizar el derecho a la comunicación de las personas privadas de su libertad. Asimismo, dichos aparatos de telefonía deberán reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado, en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario, controlada desde dónde se origina la llamada.
"En el año 2020, en plena pandemia COVID-19, se resolvió el aislamiento de los internos a efectos de no propagar intramuros el virus con las consecuencias nefastas que ello podría haber traído", recordó Malpeli. A partir de ahí, se comenzó a debatir el derecho a la comunicación de los internos, lo que derivó en la habilitación de los celulares al interior de los pabellones.
En ese sentido, el diputado provincial de la Octava Sección remarcó que "hoy, a tres años de decretado el fin de la Pandemia por la OMS, estamos en condiciones de revisar dicha medida, con el fin de, garantizando el derecho a la comunicación, salvaguardar la seguridad de quienes pudieran caer en estafas virtuales por ser grupos vulnerables (la mayoría de los estafados resultaban personas mayores) frente a los que bajo la sustitución de identidad, ardides diversos o mediante la suposición de identidad fingían secuestro de familiares con el objetivo de hacerles entregar sumas de dinero por medios o canales electrónicos".
Como viene relatando El Editor Platense, el tema de los celulares en las cárceles de la Provincia no pasa desapercibido en la Legislatura. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya hay varios proyectos tendientes a limitar o directamente prohibir el acceso a la telefonía móvil.
En Diputados, quien puso primera fue el diputado libertario Oscar Liberman, con un proyecto que establece que las comunicaciones de los internos deberán realizarse únicamente mediante teléfonos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, fija un límite máximo de dos horas diarias de contacto telefónico por detenido.
En la Cámara Alta, además de Galmarini, quienes alzaron la voz en contra del uso de celulares en ámbito de encierro fueron los senadores del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell. Cada uno con sus matices, los diferentes espacios legislativos presionan para dar el debate en un tema que sigue generando tensiones con organismos de Derechos Humanos.
De todas maneras, el debate deberá esperar, ya que ambas cámaras legislativas se mantienen inactivas, a la espera de la conformación de las comisiones de trabajo. Entrando en la recta final del cuarto mes del año, los expedientes se siguen acumulando.