Javier Milei anunció que enviará al Congreso la reforma electoral. Eliminación de las PASO, Financiamiento y Ficha Limpia, ¿Cuáles son los principales puntos?
Javier Milei acelera la reforma electoral
Javier Milei anunció con bombos y platillos el envío de la reforma electoral al Congreso. El proyecto del oficialismo busca eliminar las PASO, modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos e insistir con Ficha Limpia. Con esta iniciativa, el Gobierno busca retomar el control de la agenda pública y dejar atrás los escándalos de corrupción.
El primer eje del proyecto apunta a eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), vigentes desde 2009 y convertidas en una instancia clave para ordenar la competencia electoral. En términos formales, la medida implica suprimir la obligación de que todos los partidos diriman sus candidaturas en una elección nacional financiada por el Estado, trasladando esa definición al ámbito interno de cada fuerza política.
Desde el oficialismo, la iniciativa se presenta como una decisión orientada a reducir el gasto público y evitar que el Estado financie internas partidarias. La crítica apunta a que las PASO, en muchos casos, se transformaron en una instancia meramente formal, sin competencia real, lo que refuerza el argumento del La Libertad Avanza.
Sin embargo, desde la oposición -en especial el peronismo y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR)- la eliminación de las primarias es leída como un retroceso en términos de participación democrática. Argumentan que las PASO no solo ordenan candidaturas, sino que también funcionan como un mecanismo de apertura del sistema político, permitiendo la competencia interna y la emergencia de liderazgos por fuera de las estructuras tradicionales.
El punto de tensión central radica en que, sin primarias obligatorias, el proceso de selección de candidatos queda nuevamente en manos de las cúpulas partidarias. Esto podría derivar en una mayor concentración del poder político hacia el interior de las fuerzas y en una reducción de la oferta electoral en las elecciones generales. En ese sentido, lo que el oficialismo plantea como simplificación del sistema, la oposición lo interpreta como una posible restricción de la competencia.
El segundo eje del proyecto introduce cambios en el esquema de financiamiento de la política, con la intención de reducir el peso del aporte estatal y habilitar una mayor participación del financiamiento privado. En términos estructurales, implica correrse de un modelo mixto con fuerte presencia pública hacia uno más apoyado en recursos provenientes del sector privado.
Desde el oficialismo, la medida se presenta como un sinceramiento de un sistema que ya funciona en gran medida con aportes privados, muchas veces por fuera de los canales formales. Bajo esa lógica, ampliar y transparentar esos mecanismos permitiría blanquear prácticas existentes y reducir la carga sobre el Estado.
Sin embargo, el cambio abre una serie de interrogantes que concentran buena parte de las críticas opositoras. El primero es el de la equidad electoral: el financiamiento público actúa hoy como un piso que garantiza condiciones mínimas de competencia entre fuerzas de distinto tamaño. Reducir ese componente podría ampliar las asimetrías y favorecer a los espacios con mayor capacidad de captar recursos.
Pero el punto más sensible es otro: la trazabilidad del dinero que ingresa al sistema político. En la medida en que se amplía el margen para aportes privados, también crece la preocupación por el origen de esos fondos y por la capacidad del Estado para controlarlos. En ese terreno, especialistas y dirigentes opositores advierten sobre el riesgo de que circuitos de financiamiento opacos encuentren canales de ingreso más permeables.
El debate no es nuevo, pero cobra otra dimensión frente a una reforma que reduce el rol estatal. Distintos antecedentes en la política argentina, como el caso de José Luis Espert y sus vínculos con Fred Machado hacen que la discusión gire en torno a una pregunta central: ¿Qué mecanismos de control existirán para garantizar que la apertura del financiamiento no derive en una mayor penetración de dinero de origen dudoso en la política?
Desde el oficialismo, la respuesta apunta a reforzar los esquemas de registración y auditoría. La oposición, en cambio, pone en duda la capacidad real de esos controles en un contexto de menor intervención estatal. Así, el eje del financiamiento se convierte en uno de los puntos más delicados de la reforma. No solo por su impacto en la competencia electoral, sino porque abre una discusión más profunda sobre los límites entre política, dinero y legalidad, en un sistema donde la confianza pública ya viene erosionada.
El ítem que busca borrar del mapa de candidatos a dirigentes que hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción es la gran estrella de la reforma electoral que anunció el presidente desde Israel. En 2025, el tratamiento del proyecto de Silvia Lospennato derivó en un culebrón que casi hace estallar a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en la previa a las elecciones legislativas porteñas y en pleno proceso de negociaciones para lo que fueron los comicios provinciales y nacionales.
Ahora el oficialismo vuelve a la carga con un proyecto con el cual busca arrimar el bochín con sus aliados, que rechazan la eliminación de las PASO, sobre todo en las elecciones regionales. Asimismo, el debate tendrá lugar en un Congreso con una correlación de fuerzas modificada.
La fragmentación opositora y la capacidad del oficialismo para construir mayorías circunstanciales cambiaron el escenario: ya no alcanza con el rechazo automático de un bloque para frenar iniciativas, pero tampoco hay números propios para aprobarlas sin negociación. En ese contexto, bloques intermedios y espacios provinciales ganan centralidad. Son estos sectores los que, en los hechos, terminan definiendo el destino de proyectos sensibles, como fueron los votos de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce el año pasado.
Más allá del contenido de la reforma electoral, la iniciativa del Gobierno se inscribe en un contexto atravesado por cuestionamientos que impactan directamente en su núcleo político. El caso más visible es el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación pasó en pocas semanas de la controversia mediática a una instancia de investigación judicial.
Sobre Adorni pesan denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales que derivaron en la apertura de un expediente por posible enriquecimiento ilícito. La causa, impulsada por sectores políticos y ampliada en las últimas semanas, incluye sospechas sobre la existencia de bienes que no figuraban en sus declaraciones juradas, entre ellos una vivienda en un country del norte bonaerense atribuida a su entorno familiar.
A esto se suma el análisis de su patrimonio declarado, que incluye propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, un vehículo y activos en dólares, pero que quedó bajo la lupa a partir de la comparación con su nivel de ingresos como funcionario. El punto de mayor impacto público, sin embargo, estuvo en la exposición de gastos y movimientos que no parecen concordar con esos ingresos: viajes en avión privado -uno de ellos valuado en alrededor de 10 mil dólares- y adquisiciones inmobiliarias que excederían ampliamente su capacidad económica declarada.
En términos políticos, el caso golpea en un punto sensible: Adorni no es un funcionario más, sino una de las figuras centrales del Gobierno. Por algo, su cabeza todavía no rodó, aunque los apoyos dentro del propio gabinete ministerial decaen con cada novedad de la causa. Por lo pronto, el ministro coordinador se presentará en el Congreso el próximo 29 de abril y el presidente y su hermana estarán en el palco para aplaudir sus intervenciones.
En ese marco, el impulso de la reforma electoral aparece también como un movimiento para reordenar la agenda. La instalación de un debate estructural -como el rediseño de las reglas del sistema político- permite desplazar el foco de una discusión dominada por denuncias y sospechas.
Así, la reforma electoral no solo se discute por lo que propone, sino también por el momento en el que se presenta. Con un frente interno tensionado por denuncias que alcanzan a su principal operador político, el Gobierno apuesta a cambiar el eje de la conversación pública y recuperar la iniciativa en el terreno legislativo.