De acuerdo al sistema de rotación anual, el ministro Sergio Gabriel Torres asumió la presidencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires
Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
Desde el domingo 19 de abril, Sergio Gabriel Torres es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Su asunción en el cargo se en el marco del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución bonaerense. Con cuatro vacantes sin cubrir, el máximo tribunal espera por acuerdos políticos.
Torres es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una formación académica extensa en el campo penal: es doctor en Ciencias Jurídicas, magíster internacional en Nuevos Delitos Penales, especialista en narcotráfico, Derecho Penal y Criminología, y además posee diplomaturas en delitos de corrupción pública y privada y en derechos humanos, garantías constitucionales y procedimiento penal, con foco en los desafíos de la globalización del sistema penal.
En paralelo a esa formación, desarrolló una carrera judicial de más de tres décadas: ingresó a la Justicia Federal en 1985, fue fiscal en los años noventa, luego juez en lo Criminal de instrucción en la Ciudad de Buenos Aires y, desde 2001 hasta su desembarco en la provincia, se desempeñó como titular del Juzgado Federal N.º 12 de Comodoro Py, donde intervino en causas complejas de alto impacto, entre las que destacan su participación en la investigación por delitos de lesa humanidad en la ESMA; y la causa por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray, caso emblemático de la corrupción en la década del '90.
Con tres de sus siete asientos ocupados, el máximo tribunal bonaerense sigue a la espera de decisiones políticas para completar los cupos vacantes. Torres está acompañado por la presidenta saliente, Hilda Kogan, y el actual vicepresidente Daniel Fernando Soria. Con esta conformación, la Corte se ve forzada a un ejercicio de malabarismo judicial, convocando a un conjuez de la Cámara de Casación Penal para el cuarto voto, necesario para la mayoría que exige la ley.
Mientras tanto, en los pasillos de la Legislatura, la rosca por los cuatro pliegos restantes sigue a fuego lento. Si bien los nombres de los candidatos no van a trascender hasta que no estén sellados los acuerdos, es casi un secreto a voces que el oficialismo provincial propondrá al actual Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel para ocupar una de las cuatro sillas vacías.
La paridad de género, por otra parte, es otro de los factores que ordenará el tablero, ya que, en principio, dos de esas cuatro vacantes deberán ser ocupadas por mujeres. Asimismo, el gobernador deberá aceitar su relación con las demás fuerzas del oficialismo y con la oposición antes de enviar los pliegos al Senado bonaerense, todavía paralizado por la falta de definición en torno a las comisiones.
A diferencia de los jueces de instancias inferiores, los candidatos a la Suprema Corte no pasan por el Consejo de la Magistratura. A saber: es el Gobernador de la Provincia quien elije el o los nombres de los candidatos para ocupar el máximo tribunal. Antes de enviar el pliego, el Ejecutivo debe dar a conocer los antecedentes del candidato para que la ciudadanía y las ONGs puedan presentar impugnaciones o avales a dichas candidaturas.
Una vez que el Gobernador firma el pliego, este ingresa al Senado y va directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA). Esta comisión es el filtro donde se analiza la idoneidad técnica y moral del o de los postulantes. Si el pliego obtiene dictamen favorable, baja al recinto para su votación. Esta es la parte donde la política define todo, ya que para que cada pliego sea aprobado, se necesitan dos tercios de los votos, un número que obliga al oficialismo a alcanzar acuerdos previos con la oposición.
Una vez que el Senado da el ok, se comunica la decisión al Poder Ejecutivo, y el gobernador firma el decreto de designación. Finalmente, el o los elegidos, toman juramento ante el titular de la Suprema Corte.