A través de la Procuración del Tesoro, el Gobierno Nacional presentó un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para destrabar la reforma laboral
La reforma laboral queda en manos de la Corte Suprema
El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto por la reforma laboral y llevó la disputa directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de per saltum que busca destrabar la ley frenada por la Justicia. La movida apunta a acelerar una definición en medio de un escenario de alta tensión política, sindical y judicial.
La jugada no es menor. Con la presentación ante el máximo tribunal, la administración de Javier Milei busca retomar la iniciativa en una de las reformas más sensibles de su programa económico, que quedó parcialmente suspendida a poco más de un mes de haber sido sancionada en el Congreso.
El origen del conflicto se remonta al 27 de febrero, cuando el oficialismo logró aprobar la reforma laboral en el Parlamento. Se trató de un paquete de cambios estructurales que incluyó modificaciones en el régimen de despidos, ampliación del período de prueba, flexibilización de condiciones laborales y alteraciones en la dinámica sindical. Desde ese mismo momento, la resistencia de los gremios anticipó un desenlace judicial.
La avanzada llegó pocos días después. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo para declarar la inconstitucionalidad de varios artículos y pidió frenar la aplicación de la ley. La causa recayó en el fuero laboral, donde encontró un primer aval: el 30 de marzo, el juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 73, dictó una medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma. El magistrado argumentó que podrían verse afectados derechos constitucionales y que era necesario evitar daños irreparables mientras se analizaba el fondo de la cuestión.
El fallo cayó como un baldazo de agua fría en la Casa Rosada. No solo por el contenido, sino por el terreno en el que se dio la batalla. En paralelo, desde el fuero contencioso administrativo federal, el juez Enrique Lavié Pico había planteado que el caso debía tramitar fuera del ámbito laboral, al tratarse de una ley nacional y una demanda contra el Estado.
Ahí empezó a gestarse un conflicto de competencias que, con el correr de los días, se transformó en el argumento central del Gobierno. En Balcarce 50 sostienen que el juez laboral no tenía atribuciones para intervenir y que la CGT no acreditó un caso concreto, sino que planteó un cuestionamiento general sobre la norma.
Mientras tanto, el expediente avanzaba a paso lento por los carriles habituales. La apelación oficial dejaba el futuro de la cautelar en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un proceso que podía estirarse durante meses. Demasiado tiempo para una reforma que el Ejecutivo considera clave para su programa económico.
En ese contexto, el Gobierno decidió cambiar de estrategia y jugar una carta fuerte: el per saltum. Se trata de un recurso excepcional que permite llevar un caso directamente a la Corte cuando hay gravedad institucional, evitando las instancias intermedias.
La apuesta es clara: acelerar los tiempos y conseguir una definición que ordene el tablero. Pero la decisión ahora quedó en manos de la CSJN, que deberá resolver no solo si acepta intervenir, sino también qué hacer con la cautelar que mantiene frenada la reforma.
En la práctica, el máximo tribunal tiene tres caminos posibles. El primero es aceptar el per saltum y meterse de lleno en el conflicto. En ese caso, podría levantar la cautelar y devolverle vigencia inmediata a la ley, lo que representaría un triunfo político para el Gobierno y un golpe para el sindicalismo.
Pero también podría convalidar, al menos de manera provisoria, la decisión del juez laboral y mantener la suspensión. En ese escenario, la Corte quedaría como garante de los derechos cuestionados y el Ejecutivo debería enfrentar un revés en uno de los ejes de su gestión.
La segunda opción es rechazar el recurso. Sería una señal de prudencia institucional: dejar que el expediente siga su curso normal en la Cámara laboral. Sin embargo, implicaría que la reforma laboral continúe frenada y que el Gobierno pierda el control de los tiempos, en una causa que podría extenderse mucho más de lo previsto.
El tercer camino, más intermedio, es una aceptación parcial. La Corte podría intervenir solo para resolver la cautelar o el conflicto de competencia entre fueros, sin avanzar todavía sobre la constitucionalidad de la ley. Una salida que le permitiría ordenar el escenario sin quedar atrapada en una definición de fondo inmediata.
Detrás de estas alternativas se juega algo más que una discusión técnica. La reforma laboral se convirtió en el nuevo campo de batalla entre el Gobierno y los sindicatos, pero también en un test para la propia Corte, que deberá decidir hasta qué punto interviene en un conflicto de alto voltaje político.
Por lo pronto, la guerra judicial está lejos de terminar. El per saltum abrió un nuevo capítulo en una disputa que, en poco más de 50 días, pasó del Congreso a los tribunales y ahora amenaza con escalar hasta el máximo nivel institucional. El desenlace, como casi siempre en la política argentina, sigue abierto.