El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar bloqueadores de celulares en las cárceles
El Gobierno autorizó el bloqueo de celulares en las cárceles federales
El Gobierno nacional autorizó este lunes al Servicio Penitenciario a instalar sistemas de detección y bloqueo de celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir la comisión de delitos desde el interior de los penales y reforzar los controles sobre las comunicaciones de los internos. Innovación y presión a Provincia en un tema sensible.
La medida del Ministerio de Seguridad, oficializada a través de la Resolución 336/2026 publicada en el Boletín Oficial, habilita la implementación de dispositivos capaces de identificar equipos móviles mediante sus códigos IMEI e IMSI y gestionar su bloqueo en coordinación con las empresas de telecomunicaciones. A diferencia de los inhibidores tradicionales, el sistema apunta a una intervención selectiva, sobre líneas específicas, y no a la interrupción general de la señal.
El cambio no es menor. Durante años, los intentos por limitar el uso de celulares en cárceles se apoyaron en inhibidores que, además de su efectividad limitada, generaron conflictos por la afectación del servicio en zonas aledañas. La nueva tecnología busca resolver ese problema al operar directamente sobre los dispositivos detectados dentro de los establecimientos penitenciarios.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno advierte que el uso ilegal de celulares en contextos de encierro se convirtió en una herramienta para la organización de delitos, desde estafas telefónicas hasta maniobras vinculadas al narcotráfico. Bajo esa premisa, la medida se inscribe en una estrategia más amplia orientada a cortar los canales de comunicación no autorizados dentro del sistema penitenciario.
La normativa también establece la elaboración de protocolos de actuación, instancias de auditoría y capacitación del personal, además de la obligación de garantizar que el funcionamiento del sistema no afecte la conectividad fuera de los penales, uno de los principales cuestionamientos a las experiencias previas.
La decisión de Nación se da en paralelo a una discusión que ya tomó impulso en la Legislatura bonaerense, donde distintos bloques impulsan proyectos para restringir o prohibir el uso de celulares en cárceles provinciales.
Como contó El Editor Platense, el debate combina preocupaciones por la seguridad con interrogantes sobre las condiciones de detención y el derecho de los internos a mantener vínculos con el exterior. En ese marco, la aparición de nuevas herramientas tecnológicas suma un elemento clave: ya no se trata solo de permitir o prohibir, sino de cómo controlar.
El avance del Gobierno nacional, en ese sentido, introduce un antecedente concreto que podría incidir en la discusión bonaerense, tanto en términos políticos como técnicos. Con una solución en marcha a nivel federal, la presión sobre la Provincia para definir su propia estrategia empieza a crecer.