Cada vez son más las voces que proponen prohibir el uso de celulares en las cárceles de la Provincia y la discusión empieza a ganar terreno en la Legislatura
Los celulares en las cárceles bonaerenses vuelven al centro de la escena legislativa
En las últimas semanas, distintos proyectos impulsados en la Legislatura por el diputado Oscar Liberman (LLA) y los senadores Pablo Petrecca (PRO), Alex Campbell (PRO) y Malena Galmarini (FP) pusieron en agenda un tema que atraviesa al sistema penitenciario: el uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires.
Con matices, todas las iniciativas buscan limitar o directamente prohibir estos dispositivos dentro de las cárceles bonaerenses. En términos generales, los proyectos comparten un diagnóstico común: los teléfonos móviles se habrían convertido en una herramienta para la comisión de delitos desde el interior de los penales.
A partir de esa premisa, las propuestas avanzan sobre tres ejes principales. Por un lado, la prohibición total de la tenencia de celulares y otros dispositivos con acceso a internet. Por otro, la implementación de sistemas de comunicación controlados por el Estado, con líneas autorizadas y monitoreadas. Finalmente, la incorporación de herramientas tecnológicas como inhibidores de señal y el refuerzo de los controles internos en las unidades penitenciarias.
Aunque las iniciativas difieren en el grado de restricción -algunas plantean esquemas regulados y otras directamente la eliminación- todas coinciden en la necesidad de modificar el régimen actual. Ese consenso transversal entre bloques políticos diversos explica, en parte, por qué el debate comienza a tomar impulso en el ámbito legislativo.
Para entender el escenario actual, es necesario retroceder a 2020. En el contexto de la pandemia de COVID-19, y ante la suspensión de las visitas presenciales, la Justicia bonaerense habilitó el uso de teléfonos celulares mediante resoluciones judiciales de carácter general. La medida buscó garantizar el contacto de los internos con sus familias y sus defensas, en un sistema penitenciario que ya mostraba limitaciones estructurales para sostener esos vínculos a través de canales formales.
Lo que nació como una respuesta excepcional terminó consolidándose con el paso del tiempo. Aun cuando las restricciones sanitarias fueron levantadas, el uso de celulares se mantuvo en la práctica cotidiana de las cárceles bonaerenses, bajo esquemas de regulación que presentan dificultades de control efectivo.
En paralelo, comenzaron a acumularse datos y denuncias sobre el uso de estos dispositivos para la comisión de delitos. Investigaciones judiciales y declaraciones de dirigentes políticos coinciden en señalar que desde unidades penitenciarias se habrían organizado estafas telefónicas, extorsiones y secuestros virtuales. En algunos casos, incluso, se mencionan estructuras delictivas más complejas que operan desde el interior de los penales, utilizando celulares como herramienta central de comunicación.
La magnitud del fenómeno también aparece en los números. Relevamientos recientes estiman que existen más de 40.000 líneas activas dentro del sistema penitenciario bonaerense, lo que da cuenta de una presencia extendida de estos dispositivos. En ese contexto, algunos sectores políticos comenzaron a definir a las cárceles como “un call center del delito" a distancia, una caracterización que se repite en los fundamentos de varios proyectos legislativos.
Sin embargo, el debate no se agota en la dimensión de la seguridad. Desde organismos de Derechos Humanos y espacios académicos se plantean objeciones a la prohibición total y se reivindica el uso de celulares como una herramienta vinculada a derechos básicos. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, se sostiene que el acceso a la comunicación forma parte de los estándares internacionales en materia de derechos de las personas privadas de libertad.
En esa línea, se subraya que los teléfonos móviles permiten sostener el contacto con familiares, acceder a asistencia legal e incluso canalizar consultas médicas en contextos donde el sistema penitenciario presenta limitaciones. Además, se advierte que la posibilidad de registrar situaciones al interior de las cárceles puede funcionar como un mecanismo de visibilización frente a eventuales abusos.
Otro de los argumentos que aparecen en defensa del uso regulado es de carácter práctico. Según esta mirada, la prohibición no necesariamente elimina el problema, sino que podría trasladarlo a un circuito clandestino, con menor capacidad de control por parte del Estado. Desde esta perspectiva, el desafío no sería suprimir los dispositivos, sino establecer mecanismos eficaces de regulación y monitoreo.
A su vez, algunos análisis señalan que la incorporación de celulares en la vida carcelaria habría tenido efectos en la dinámica interna de las unidades, contribuyendo a reducir niveles de conflictividad y facilitando la gestión cotidiana. Estas lecturas introducen una variable adicional en la discusión: el impacto de la tecnología en la gobernabilidad del sistema penitenciario.
El debate que comienza a tomar forma en la Legislatura bonaerense expone una tensión de fondo. Por un lado, la preocupación por el uso de celulares como herramienta para la comisión de delitos. Por otro, la defensa de su utilización en tanto canal de comunicación y componente de derechos básicos dentro del encierro.
Con proyectos en marcha y posiciones que atraviesan a distintos espacios políticos, la discusión promete escalar en los próximos meses. El resultado no sólo definirá el futuro del uso de celulares en las cárceles de la provincia, sino también el equilibrio entre seguridad, control estatal y derechos de las personas privadas de libertad.