Malena Galmarini, referente del Frente Renovador en el Senado bonaerense, presentó un proyecto que busca prohibir los celulares en las cárceles
Malena Galmarini, senadora del Frente Renovador
El uso de celulares en las cárceles de la Provincia es uno de los temas que generarán un fuerte debate en la Legislatura bonaerense. Luego de que La Libertad Avanza ponga el debate sobre la mesa en la Cámara de Diputados, ahora se sumó el Frente Renovador con un proyecto de la senadora Malena Galmarini.
La dirigente de la primera sección electoral presentó una iniciativa este viernes en el Senado con la que busca prohibir el uso de teléfonos móviles en las unidades penitenciarias, a la vez que propone inhibir las señales en los penales. "Las cárceles no pueden funcionar como un call center del delito", señaló la legisladora al respecto.
La iniciativa plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles. Asimismo, concede un plazo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal.
Esta misma semana, el diputado libertario Oscar Liberman presentó en la Cámara Baja una iniciativa que plantea modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para impedir que las personas privadas de la libertad tengan acceso a teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico capaz de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.
En su lugar, el proyecto establece que las comunicaciones de los internos deberán realizarse únicamente mediante teléfonos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, fija un límite máximo de dos horas diarias de contacto telefónico por detenido.
Otro de los puntos centrales es que cada interno solo podrá comunicarse con un listado reducido de personas previamente registradas, con un máximo de cinco contactos autorizados. Según el proyecto, estas comunicaciones deberán ser controladas para resguardar la seguridad del establecimiento, el orden público y la protección de las víctimas.