La diputada Romina Braga presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para que Kicillof y Larroque se expidan sobre el plan alimentario
En la Legislatura piden informes a Kicillof y Larroque
La diputada bonaerense Romina Braga (Coalición Cívica), presentó un pedido de informes en la Cámara baja de la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof brinde precisiones sobre el futuro del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), en medio de versiones sobre posibles cambios en su implementación.
La iniciativa pone el foco en un punto sensible: si está prevista una interrupción total o parcial del programa en los próximos meses, particularmente entre mayo y julio. En caso de que no haya suspensión, el proyecto exige que el Ejecutivo detalle en qué consiste la “reconfiguración” que el propio Gobierno de la Provincia reconoció recientemente.
En ese sentido, Braga solicita información sobre los cambios operativos previstos, los criterios de focalización de beneficiarios, la cantidad actual de personas alcanzadas, la composición de los módulos alimentarios y la periodicidad de las entregas. El objetivo, según se desprende del texto, es despejar la incertidumbre que rodea a uno de los principales dispositivos de asistencia alimentaria en la provincia.
“El programa MESA constituye un complemento esencial del Servicio Alimentario Escolar (SAE), garantizando el acceso a alimentos para miles de niños, niñas y adolescentes”, advierte la legisladora en los fundamentos del proyecto, donde también remarca la necesidad de contar con información “clara, actualizada y detallada” sobre su funcionamiento.
El trasfondo del planteo es la falta de definiciones oficiales. Si bien el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad negó que el programa vaya a ser suspendido, confirmó que atraviesa un proceso de revisión o “readecuación”. Esa formulación, sin mayores precisiones, encendió alertas en escuelas y comunidades educativas, donde el alcance de MESA resulta clave.
Creado durante la pandemia, el programa funciona como complemento del SAE a través de la entrega de módulos alimentarios a familias de estudiantes del sistema público. Con el tiempo, se consolidó como una herramienta estructural dentro de la política social bonaerense, con impacto directo en la economía de miles de hogares.
Por eso, cualquier modificación -ya sea en la cantidad de beneficiarios, la frecuencia de entrega o el contenido de los módulos- genera preocupación en un contexto de creciente demanda social.
El pedido de informes presentado por Braga irrumpe, además, en un escenario político más amplio. Como contó El Editor Platense, el senador Mario Ishii impulsó la declaración de la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que refleja el deterioro de la situación social pero que también expone matices hacia el interior del peronismo.
En paralelo, la administración provincial avanzó con anuncios de refuerzo en el Servicio Alimentario Escolar y otros programas sociales, en un intento por sostener la asistencia en comedores y establecimientos educativos frente a la caída del poder adquisitivo.
Sin embargo, la combinación de ambas variables -el aumento del SAE y la reconfiguración de MESA- abre interrogantes sobre el diseño general de la política alimentaria. En particular, sobre cómo se articulan ambos programas y si los cambios en uno pueden impactar en el alcance del otro.
En ese marco, la iniciativa legislativa no sólo apunta a obtener respuestas técnicas, sino que instala una discusión de fondo sobre el rumbo de la asistencia social en la Provincia, en un contexto atravesado por restricciones presupuestarias y mayor presión sobre los sectores más vulnerables.
Con el proyecto ya ingresado en la Legislatura, el foco se traslada ahora al Ejecutivo bonaerense. La respuesta oficial será clave para determinar si las dudas en torno al programa MESA se disipan o si, por el contrario, se profundiza un debate que ya empezó a escalar tanto en el plano social como en el político.