El reparto del Fondo para Municipios volvió a generar reuniones en la Legislatura bonaerense. Reclamos de intendentes y Bicameral en veremos
Se empieza a mover la Legislatura bonaerense
La Legislatura bonaerense volvió a ser escenario de discusiones políticas con una reunión en la Cámara de Diputados por el reparto de fondos a municipios. Los intendentes reclaman mayor libertad de acción pero, por ahora, la cosa sigue 70-30. La Bicameral de seguimiento de deuda, también en veremos.
La reunión tuvo como protagonista al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien se sentó con legisladores de distintos bloques en un intento por descomprimir la tensión creciente con los jefes comunales. En la mesa hubo nombres de peso del oficialismo y la oposición, como Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, en una postal que expone el carácter transversal del conflicto.
El eje de la discusión volvió a ser el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado en el marco de la Ley de Financiamiento. Allí se estableció el esquema de reparto que hoy genera fricción: un 70% de libre disponibilidad distribuido por CUD y un 30% afectado a programas específicos de Transporte, Cultura e Infraestructura. Ese diseño, que fue producto de la negociación legislativa original, es justamente el que ahora los intendentes buscan modificar.
El reclamo tiene una lógica clara. Con las cuentas municipales cada vez más ajustadas por la caída de la actividad y la merma en los ingresos, los jefes comunales -principalmente del radicalismo, pero también con apoyos en el PRO y sectores del peronismo- piden que la totalidad de los fondos pueda utilizarse para gastos corrientes. En otras palabras, poder pagar sueldos, aguinaldos o sostener servicios básicos sin restricciones. Del otro lado, el Ejecutivo y buena parte de la Legislatura sostienen que mantener un porcentaje afectado garantiza que el dinero no se diluya en la urgencia y se destine efectivamente a inversión.
La reunión no arrojó cambios concretos. El esquema 70-30 se mantiene y, al menos por ahora, no hay voluntad política de reabrir la ley. Sin embargo, el solo hecho de que el tema haya vuelto a discutirse en una mesa con representantes de distintos bloques marca un dato político relevante: la reactivación de la negociación legislativa en torno a la “caja” municipal.
Esa discusión convive, además, con un dato concreto que baja la tensión a tierra: la Provincia ya realizó un primer desembolso del fondo, por más de 13 mil millones de pesos, distribuidos entre los 135 municipios según el Coeficiente Único de Distribución. Se trata apenas del primer tramo de un esquema más amplio que prevé hasta 250 mil millones en varias cuotas entre 2026 y 2027, financiado en parte con el endeudamiento autorizado por la propia ley.
Allí aparece otro actor clave que, por ahora, también se mueve en un terreno incierto: la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda. Creada por la misma norma, este cuerpo legislativo tiene la función de controlar el uso del endeudamiento y monitorear la ejecución de los fondos, además de intervenir en la evaluación de los proyectos vinculados al 30% afectado. En la práctica, se trata de un espacio donde oficialismo y oposición no solo auditan, sino que también negocian.
Por el lado de Diputados, la integración refleja ese equilibrio. El oficialismo tendrá mayoría con figuras como Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Mayra Mendoza, Carlos Puglelli y Mariano Cascallares, mientras que la oposición estará representada por Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO). No es un dato menor: varios de ellos fueron parte de la reunión con Katopodis, lo que confirma que los mismos actores que discuten el reparto son los que luego tendrán incidencia directa en su control.
Sin embargo, la Bicameral todavía no termina de arrancar con plenitud, y su funcionamiento efectivo depende de la voluntad de Verónica Magario para designar a los cinco miembros que representen a la Cámara Alta en la comisión. Esa demora suma un elemento más de presión en un contexto donde los intendentes buscan respuestas rápidas y el Ejecutivo intenta sostener el equilibrio fiscal sin resignar capacidad de planificación.
Así, entre fondos que empiezan a girarse, leyes que no se modifican y organismos de control que aún no terminan de consolidarse, la Legislatura bonaerense vuelve a ocupar un lugar central. No solo como ámbito formal de sanción de normas, sino como escenario de negociación permanente entre oficialismo, oposición e intendentes. En definitiva, la rosca volvió a girar alrededor de lo de siempre: quién maneja la caja y bajo qué reglas.
En paralelo a la discusión provincial, los intendentes avanzan con una estrategia común para presionar al Gobierno Nacional. Este martes, jefes comunales de distintos puntos del país se movilizarán hacia el Ministerio de Economía, donde buscarán formalizar un reclamo por la caída de transferencias, la paralización de la obra pública y la falta de envío de fondos específicos, como los vinculados al impuesto a los combustibles.
La protesta está impulsada por la Federación Argentina de Municipios, que conduce el caudillo de La Matanza, Fernando Espinoza, y tiene como uno de sus principales articuladores al ministro bonaerense Gabriel Katopodis.